Impulsa Octavio Martínez Ley de Indulto y Justicia Humanitaria estatal

El diputado Octavio Martínez (morena) planteó expedir una nueva Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México para que la persona titular del Poder Ejecutivo pueda otorgar la conmutación de pena a personas sentenciadas por delitos del fuero común.

 La iniciativa —que busca abrogar la Ley de Indulto estatal vigente— redefine causales, procedimientos y órganos técnicos para analizar solicitudes de indulto en el sistema penitenciario mexiquense.

 

El diputado Octavio Martínez Vargas (morena) planteó abrogar la Ley de Indulto estatal —vigente desde el 18 de abril de 2016— y expedir la Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México, con el propósito de establecer las bases para que la persona titular del Poder Ejecutivo estatal pueda otorgar la conmutación de la pena a personas sentenciadas por delitos del fuero común, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 77 de la Carta Magna estatal.

En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, el parlamentario expuso que, partiendo de la realidad concreta de las cárceles en la entidad y de los contextos de vida de las personas recluidas, la propuesta de ley redefine las causales, aclara el procedimiento, fortalece los órganos técnicos y establece garantías efectivas tanto para las personas privadas de la libertad como para las víctimas y la sociedad en su conjunto.

“La Ley de Indulto y Justicia Humanitaria recoge, en buena parte, las impresiones y preocupaciones de colectivos de nuestra entidad, de familiares y de personas privadas de su libertad que están a la espera de que este Poder Legislativo pueda aportar elementos para encontrar una luz a todo el calvario que han cruzado, en los últimos años, durante el tiempo en que sus familiares han estado privados de su libertad de manera injusta”, expresó en tribuna.

En este sentido, agregó que solo así el indulto dejará de percibirse como un gesto aislado de benevolencia y se consolidará como un instrumento excepcional, pero robusto, para corregir los desajustes más graves entre la pena impuesta y los principios de dignidad, proporcionalidad e igualdad.

Indicó que la propuesta incorpora un catálogo moderno de causales, sustentado en evidencia objetiva, estándares nacionales e internacionales y criterios plenamente verificables, que permiten valorar situaciones de enfermedad grave, vejez, afectaciones irreversibles a hijas e hijos menores, vulneraciones documentadas al debido proceso, discriminación estructural, barreras lingüísticas y culturales, así como condiciones de vulnerabilidad acreditada.

Estos supuestos, añadió, no solo acercan la figura del indulto a su sentido humanitario original, sino que lo alejan de apreciaciones moralistas o esquemas basados en méritos subjetivos.

El legislador señaló que cuatro de cada 10 personas detenidas presuntamente han sido víctimas de fabricación de delitos, y actualmente más de 40 mil personas se encuentran privadas de la libertad en 22 reclusorios mexiquenses.

Explicó que su propuesta de ley podría beneficiar a personas con trastornos psiquiátricos que han perdido la cordura y no reciben tratamiento médico adecuado, estimándose que son alrededor de 500, así como a aquellas con enfermedades terminales o graves, o que padecen diabetes avanzada o cáncer.

Añadió que se consideraría a adultos mayores en prisión, integrantes de comunidades indígenas cuyos derechos y acceso al debido proceso hayan sido vulnerados, y mujeres que hayan sido víctimas de fabricación de delitos o violaciones a sus derechos humanos.