jueves, 30 de abril de 2026

El jazz sigue diciendo lo que el mundo no quiere escuchar...

Crónica personal desde los escenarios, los festivales y la resistencia cultural

Lo que hago aquí es una mirada crítica y personal sobre su vigencia, la apertura a las mujeres, las raíces negras y el panorama en México y  sobre todo mi tierra: Toluca.

He pasado años escuchando jazz desde lugares muy distintos: desde el escenario, desde la organización de festivales, desde la gestión cultural independiente y también desde la experiencia íntima de haber formado parte de un proyecto de jazz. Y si algo he aprendido es que el jazz nunca ha sido solamente música.

El jazz es conversación, tensión, resistencia, comunidad y memoria.

Por eso cada 30 de abril, cuando llega el Día Internacional del Jazz, una fecha impulsada oficialmente por la UNESCO desde 2011 y promovida por figuras como Herbie Hancock con la intención de reconocer al jazz como una herramienta de diálogo cultural de paz, hoy en día tan de moda y "defensa" de la libertad de expresión. La celebración busca recordar que éste; logró derribar fronteras sociales, raciales y geográficas a través de la música.

Sin embargo, incluso esta conmemoración merece una mirada crítica, porque así es su origen. Y no hacerlo sería traicionarlo.

Porque celebrar el jazz desde organismos internacionales también implica preguntarse qué tanto las instituciones culturales han romantizado un género nacido desde la exclusión, la segregación racial y la resistencia negra. Existe una contradicción inevitable entre institucionalizar una música rebelde y mantener vivas las causas sociales que le dieron origen. Tanto como en todo lo que tiene que ver con el arte, pero esa es otra historia.

El jazz no apareció como una propuesta académica, ni como patrimonio elegante de conservatorio. Surgió a finales del siglo XIX y principios del XX entre comunidades afroamericanas de Nueva Orleans, en un contexto atravesado por el racismo, la pobreza, la esclavitud recién abolida y la violencia estructural contra la población negra en Estados Unidos. Sus raíces mezclan blues, spirituals, ritmos africanos, música de marcha, improvisación colectiva y memorias culturales que sobrevivieron pese a siglos de opresión.

Por eso el jazz tiene un peso histórico distinto al de otros géneros musicales.

No sólo transformó la música contemporánea: también representó una forma de resistencia cultural.

Durante décadas, el jazz acompañó movimientos sociales, luchas por los derechos civiles y discursos artísticos que enfrentaban directamente al poder.

La celebración internacional del jazz, entonces, debería ir más allá de conciertos protocolarios o festivales turísticos. Tendría que servir para recordar que gran parte de la historia moderna de la música nació desde comunidades marginadas que encontraron en la improvisación una manera de existir frente a un sistema que intentaba silenciarlas.

Y quizá ahí se encuentra el verdadero valor simbólico de esta fecha: reconocer que el jazz no pertenece únicamente a la industria cultural ni a los escenarios de prestigio, sino a una memoria colectiva de resistencia, mezcla cultural y libertad creativa.

Pero más allá de la ceremonia, vale la pena preguntarse algo incómodo: 

¿qué lugar ocupa realmente el jazz en un mundo dominado por algoritmos, consumo inmediato y una industria musical obsesionada con la rentabilidad? 

La respuesta quizá no sea sencilla, pero sí urgente. Porque el jazz, lejos de ser un género muerto o reservado para élites intelectuales, continúa siendo una de las expresiones artísticas más poderosas para entender el presente. El problema es que muchas veces el propio sistema cultural lo ha encerrado en espacios inaccesibles, discursos académicos o escenarios exclusivos donde se olvida su origen profundamente humano, político y rebelde. Me gustaría ubieran conocido al máster Juan Martínez Flores, dueño de una pasión para el jazz única y motivado por Fernando Naranjo para realizar festivales a nivel nacional. Fue él quién me motivó a hacer un festival de jazz en la ciudad de Toluca memorable y no solo eso también, me invitó a incursionar cantar e improvisar el jazz. Gracias en donde quiera que te encuentres!

El jazz nació desde la herida.

Nació de la comunidad negra en Estados Unidos, de la memoria esclava, de los cantos espirituales, del blues, de la segregación racial y de la necesidad de transformar el dolor en creación colectiva. No surgió para entretener salones de lujo ni festivales patrocinados por grandes marcas. Surgió como un acto de resistencia.

Por eso resulta contradictorio ver cómo en muchos espacios contemporáneos se consume el jazz como música de fondo para restaurantes elegantes o eventos de clase alta, mientras se invisibiliza la historia racial y política que lo sostiene. Celebrar el jazz sin reconocer el racismo estructural que dio origen a su existencia es convertirlo en decoración.

Sin embargo, el jazz también ha demostrado algo extraordinario: su capacidad infinita para mezclarse, transformarse y sobrevivir.

Hoy el jazz dialoga con el hip hop, la electrónica, los ritmos afrolatinos, el funk, el son jarocho, la música árabe, el flamenco, el trap e incluso con expresiones experimentales que hace décadas hubieran parecido imposibles. Esa apertura no representa una traición a su esencia; al contrario, confirma que el jazz nunca fue pureza sino mestizaje.

Quienes defienden una idea conservadora del jazz suelen olvidar que el género siempre estuvo en movimiento. Charlie Parker revolucionó el lenguaje musical de su época. Miles Davis rompió varias veces con el sonido que él mismo había construido. Nina Simone convirtió el escenario en trinchera política. John Coltrane buscó espiritualidad y libertad sonora cuando el mundo esperaba fórmulas cómodas.

El jazz auténtico jamás obedeció ni obedecerá.

Y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo necesario.

En tiempos donde la música parece diseñada para durar quince segundos en redes sociales, el jazz todavía exige escucha, presencia y riesgo. Obliga a detenerse, sentir, improvisar incluso cuando todo alrededor exige control.

También es imposible hablar del presente del jazz sin abordar la apertura que lentamente ha tenido hacia las mujeres.

Durante décadas, la historia oficial del jazz fue contada casi exclusivamente desde figuras masculinas. Muchas mujeres quedaron reducidas al papel de cantantes mientras los espacios instrumentales, de composición y dirección permanecían dominados por hombres. La industria, la crítica y los festivales replicaron esa exclusión.

Pero algo ha comenzado a cambiar.

Hoy existen mujeres jazzistas que están transformando el panorama internacional no sólo desde la interpretación, sino desde la producción, la experimentación sonora y la gestión cultural. Aun así, la desigualdad persiste. Muchas músicas siguen enfrentando menos oportunidades, menor difusión y una constante necesidad de demostrar legitimidad en escenas donde todavía sobreviven prácticas machistas.

Lo mismo ocurre con la discusión racial. Aunque el jazz es una creación negra, gran parte de sus circuitos de legitimación global terminaron siendo apropiados por industrias y espacios culturales blancos. Reconocer esa contradicción no divide al jazz: lo hace más honesto.

Desde mi experiencia organizando eventos y conviviendo con músicos, también resulta evidente otra realidad: el jazz en México sobrevive más por necedad colectiva que por apoyo estructural.

En América Latina, y particularmente en México, el jazz vive una situación compleja.

Por un lado, existe un enorme talento musical. Las nuevas generaciones están creando propuestas arriesgadas, híbridas y profundamente conectadas con las realidades sociales del país. El jazz mexicano ya no intenta copiar a Nueva York; comienza a hablar desde sus propias heridas y territorios.

Por otro lado, el apoyo institucional sigue siendo limitado, irregular y centralizado.

La mayor parte de los espacios, festivales y oportunidades continúan concentrándose en la Ciudad de México, Guadalajara o algunas capitales culturales. En muchas ciudades, el jazz sobrevive gracias a pequeños foros independientes, colectivos autogestivos y músicos que sostienen proyectos prácticamente desde la precariedad.

Lo digo además desde una experiencia cercana a la escena local.

Toluca no es la excepción.

Aunque pocas veces aparece en el mapa nacional del jazz, la ciudad posee músicos talentosos, públicos curiosos y espacios que intentan abrir conversación cultural fuera de la lógica comercial dominante. El problema no es la ausencia de creatividad; el problema es la falta de plataformas permanentes.

En Toluca, como en muchas ciudades mexicanas, el jazz aún lucha contra varios prejuicios: que es música “difícil”, que pertenece a minorías intelectuales o que no conecta con las juventudes. Pero basta asistir a una jam session local o escuchar proyectos emergentes que mezclan jazz con ritmos latinos, funk o sonidos urbanos para entender que el género está lejos de desaparecer.

He visto músicos extraordinarios tocar frente a públicos pequeños, cargar sus propios instrumentos, gestionar sus fechas, producir sus conciertos y aun así seguir creando con una disciplina que pocas escenas musicales mantienen.

También he visto cómo muchos festivales sobreviven gracias al esfuerzo independiente, a redes de amistad y a personas que siguen creyendo que el jazz merece espacios dignos aunque muchas instituciones culturales sólo lo recuerden cada 30 de abril.

Lo que falta es voluntad cultural.

Faltan espacios públicos.

Faltan políticas culturales que entiendan que el jazz no es lujo, sino patrimonio vivo.

También falta que las universidades, los medios y las instituciones dejen de mirar al jazz como un producto de nicho y comiencen a reconocerlo como una herramienta crítica capaz de dialogar con la violencia, la desigualdad, la migración, la identidad y la memoria.

Porque el jazz, cuando es verdadero, incomoda.

Y quizá ahí radique su vigencia.

En un mundo saturado de fórmulas repetidas, el jazz todavía se atreve a improvisar.

En una época marcada por discursos de odio, el jazz continúa demostrando que distintas voces pueden coexistir dentro de una misma estructura sin anularse.

En sociedades profundamente racistas y desiguales, el jazz sigue recordando que nació precisamente de quienes fueron excluidos.

Y en ciudades como Toluca, donde muchas veces la cultura independiente resiste más de lo que florece, el jazz representa también una posibilidad de encuentro, comunidad y expresión libre.

Tal vez el futuro del jazz no esté en los grandes auditorios ni en las ceremonias internacionales.

Tal vez su verdadera fuerza siga viva en los pequeños escenarios, en las mujeres que reclaman espacio, en los músicos afrodescendientes que recuperan su historia, en las fusiones que rompen fronteras y en las ciudades periféricas donde todavía existen artistas dispuestos a tocar aunque el mercado les diga que no es rentable.

El jazz no necesita salvarse.

Necesitamos escucharlo de nuevo para salvarnos a nosotros mismos.

Porque mientras exista alguien dispuesto a improvisar frente al caos, el jazz seguirá teniendo algo urgente que decir. Seamos hacedores de jazz, más allá del género. Adoptémoslo desde una ideología de vida.

Ana Moll, arte, palabra y memoria como intervención 

Azoteas verdes; ecología fiscal al cambio climático.


Un descuento verde en un estado gris...
Horizonte Público
Medio independiente de periodismo crítico, ambiental y de derechos urbanos.
En un Estado de México asfixiado por el crecimiento urbano desordenado, la contaminación atmosférica y la pérdida de áreas verdes, el Congreso mexiquense aprobó en comisiones una iniciativa que promete "combatir" el cambio climático mediante estímulos fiscales para quienes instalen azoteas verdes.
La propuesta, impulsada por la diputada Honoria Arellano Ocampo (PVEM), plantea que los 125 ayuntamientos de éste Estado, otorguen bonificaciones de hasta el 10 % en el impuesto predial a propietarios que implementen cubiertas vegetales en sus inmuebles.
El discurso parece impecable: menos calor, mejor calidad del aire, reducción de contaminación y participación ciudadana. Sin embargo, detrás de la narrativa verde aparecen preguntas incómodas: ¿quién podrá pagar estas ecotecnias?, ¿cómo evitar que la medida termine beneficiando únicamente a sectores con mayores ingresos?, ¿qué mecanismos impedirán la simulación y la corrupción?, ¿y por qué el Estado apuesta por incentivos fiscales mientras mantiene rezagos estructurales en agua, residuos y ordenamiento urbano?
Porque el problema de fondo no es sembrar pasto sobre el concreto. El problema es que el concreto sigue ocupando más espacio sin que se regule en una forma real el crecimiento y el impacto del mismo.
México atraviesa uno de los periodos más críticos de estrés hídrico y aumento de temperaturas registrados en décadas. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que más del 70 % del territorio nacional ha enfrentado algún grado de sequía en los últimos años. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advierte además que América Latina será una de las regiones más vulnerables a eventos extremos relacionados con calor y escasez de agua.
En el Valle de Toluca, la contaminación y las llamadas “islas de calor urbano” se han intensificado debido al crecimiento inmobiliario, la reducción de vegetación y el aumento vehicular. Sin embargo este Valle cuenta con una gran ventaja e intervención tecnológica que tal vez pudiera replicarse en todo el Estado debido a su innovación, precisión y monitoreo de resultados, estoy hablando ni más ni menos de el Protocolo de Actuación ante Incendios Forestales, resultado de un trabajo coordinado e interinstitucional entre la Dirección de Medio Ambiente Toluca, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca y la Dirección de Innovación, Planeación y Gestión Urbana de Toluca. Este protocolo permite anticipar y actuar mejor, con lineamientos técnicos y operativos para la prevención, detección, control y extinción de incendios forestales.
Si bien en su Concepción está enfocado en la extinción de un incendio podemos mapear y monitorear los lugares con mayor calor y necesidad de presencia verde y no me refiero meramente al partido. Sería propicio en un momento pudiera plantearse al Estado ya que este monitoreo lleva un control de las temperaturas.

ONU Hábitat estima que las zonas urbanas pueden registrar temperaturas entre 3 y 7 grados centígrados más altas que áreas rurales cercanas debido a la acumulación de concreto y asfalto.
En ese contexto, las azoteas verdes sí representan una alternativa técnicamente viable. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha documentado que pueden disminuir temperaturas interiores, captar partículas suspendidas y mejorar el aislamiento térmico de las edificaciones.
Pero la política pública no se construye únicamente con buenas intenciones técnicas.
El gran vacío: el costo
La diputada Alejandra Figueroa aseguró que una azotea verde debe entenderse como una inversión. El problema es que pocas familias mexiquenses tienen para invertir.
Estudios de la Facultad de Arquitectura y del Instituto de Ingeniería de la UNAM estiman que instalar una azotea verde puede costar entre mil 200 y 4 mil pesos por metro cuadrado, dependiendo de materiales, impermeabilización y capacidad estructural en otras palabras: un proyecto básico podría costar miles de pesos.
Mientras tanto, el Coneval revela que el Estado de México concentra millones de personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad por carencias sociales, especialmente relacionadas con vivienda y servicios básicos.
En municipios del oriente mexiquense, donde predominan viviendas autoconstruidas y falta de agua, pensar en infraestructura verde puede convertirse en un privilegio más que en una solución.
La pregunta es: ¿se trata de una política ambiental incluyente o de un incentivo fiscal diseñado para quienes ya tienen posibilidad económica?
La advertencia más seria dentro del propio Congreso vino de la diputada Ruth Salinas (MC), quien pidió reglas claras para evitar corrupción y simulación.
Y el temor no es exagerado.
México tiene una larga historia de programas ambientales utilizados como escaparates políticos o mecanismos discrecionales. Desde verificaciones ambientales cuestionadas hasta desarrollos inmobiliarios “sustentables” autorizados en zonas ecológicas, el historial institucional no inspira demasiada confianza.
Sin lineamientos técnicos rigurosos, cualquier techo con macetas podría convertirse en “azotea verde” para acceder al beneficio fiscal.
Además, la propuesta aún deja preguntas abiertas:
¿Quién certificará técnicamente las instalaciones?
¿Qué dependencia supervisará el mantenimiento?
¿Cada cuánto habrá verificación?
¿Qué ocurrirá con azoteas abandonadas tras recibir el estímulo y para muestra tenemos el parque Sierra Morelos?
¿Existe capacidad municipal para operar el programa?
En un estado donde muchos ayuntamientos ni siquiera logran garantizar recolección eficiente de basura o manejo adecuado de residuos o apenas están implementando estrategias efectivas, pensar en sistemas de supervisión ambiental especializados parece optimismo.
Alemania y Singapur: los ejemplos que México cita… sin replicar
Los legisladores mencionaron casos “exitosos” de Alemania, Japón, Canadá, Singapur y Ciudad de México. Lo que omitieron es que esos modelos funcionan bajo condiciones muy distintas.
Alemania: infraestructura verde obligatoria ya que es pionera en techos verdes desde los años ochenta, nada más échale lápiz. 
Ciudades como Stuttgart desarrollaron políticas integrales que combinan subsidios, regulación obligatoria, financiamiento público y planeación urbana sustentable, si viene y antecedentes en el Estado de México, no ha habido continuidad.
El éxito alemán nació de una política estructural de ciudad.
Actualmente, cerca del 15 % de los techos planos alemanes cuentan con infraestructura verde, según la Asociación Alemana de Techos Verdes.
Singapur transformó la vegetación urbana en política nacional. Su programa Skyrise Greenery Incentive Scheme subsidia hasta el 50 % de los costos de instalación y mantenimiento.
La diferencia clave es que existe financiamiento estatal permanente, supervisión técnica y continuidad institucional,  replicar ese modelo en municipios mexiquenses con déficits financieros severos resulta difícil.
Por ejemplo la Ciudad de México:
La capital  que impulsó desde hace años programas de naturación de azoteas y beneficios fiscales ambientales. Aunque existen proyectos exitosos, especialistas urbanos han señalado que el impacto sigue siendo marginal frente a la magnitud de la crisis ambiental.
Además, los proyectos se concentran principalmente en zonas con mayor poder adquisitivo.
La ecología urbana, una vez más, corre el riesgo de convertirse en un lujo territorializado.
La contradicción de la iniciativa mexiquense reconoce correctamente los efectos del cambio climático, pero deja de lado el deterioro ambiental del Estado de México que seamos realistas; no se resolverá únicamente con incentivos fiscales individuales pues 
continúan autorizándose desarrollos inmobiliarios masivos; tiraderos irregulares; falta de agua;
y el de transporte sigue dependiendo de combustibles altamente contaminantes.
Se promueve infraestructura verde doméstica mientras el modelo urbano sigue produciendo cemento, calor y desigualdad ambiental.
Entre la urgencia climática y el marketing político
La propuesta del PVEM toca un problema real y urgente. Las azoteas verdes sí pueden ayudar a reducir temperaturas, captar contaminantes y mejorar microclimas urbanos.
Pero convertirlas en política pública exige algo más que descuentos fiscales y discursos ambientalistas.
Se necesita:
regulación técnica estricta,
financiamiento público,
acompañamiento comunitario,
supervisión permanente,
y una estrategia urbana integral.
De lo contrario, el riesgo es alto: transformar la crisis climática en un nuevo escaparate político verde, donde las fotografías de techos ajardinados oculten las mismas desigualdades urbanas de siempre.
Porque sembrar vegetación sobre el concreto no necesariamente cambia la ciudad a veces sólo la decora o la pone a la moda.

Consulta indígena: el Congreso mexiquense cumple el trámite… y los pueblos indígenas vuelven a poner la agenda.

"Exigen decidir, administrar, preservar y gobernarse. No quieren únicamente reconocimiento simbólico; quieren capacidad efectiva de incidencia."

Por años, los pueblos originarios del Estado de México han sido convocados únicamente para la foto, el aplauso institucional o el ritual político de la inclusión y bueno para qué nos hacemos esto no solo pasa en el estado, pasa a nivel nacional, local; en el ámbito cultural, educativo, turístico, político y contando.... Pero ese no es el tema.
Esta semana, el Congreso mexiquense presume haber “cumplido” con la consulta indígena para fortalecer derechos constitucionales y reconocer a las comunidades como sujetos de derecho público. La pregunta inevitable es  si realmente hubo escucha, mi abuela decía, no oigas, escucha!
Porque sí: hubo seis asambleas, discursos sobre dignidad, autonomía y deuda histórica; representantes mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas, tlahuicas y afromexicanos todos ellos reunidos en Toluca mientras diputadas y diputados aseguraban que ahora sí, el reconocimiento dejará de ser retórico. Pero en el fondo persiste la sospecha que acompaña casi todos los procesos oficiales relacionados con pueblos indígenas en México: el Estado consulta cuando ya decidió.
La narrativa legislativa insiste en que el proceso fue “culturalmente adecuado”, “de buena fe” y “participativo”, siguiendo estándares constitucionales y criterios de la Suprema Corte. El lenguaje es impecable. Jurídicamente correcto. Políticamente rentable. Sin embargo, basta escuchar las intervenciones de las propias comunidades para advertir que la urgencia no está únicamente en el reconocimiento constitucional, sino en sobrevivir al abandono cotidiano.
Mientras el Congreso habla de armonización constitucional, los pueblos hablaron de hospitales sin médicos, escuelas sin infraestructura, caminos olvidados, vivienda precaria y desaparición de lenguas originarias. Ahí estuvo el verdadero diagnóstico del Estado de México profundo: comunidades que siguen pidiendo lo básico mientras la clase política celebra reformas históricas.
El diputado morenista Edmundo Valdeña aseguró que la reforma “no nació desde el escritorio”. Quizá tenga razón. Pero tampoco nació desde la autonomía plena de los pueblos. Nació desde una obligación federal que las entidades tienen que cumplir tras la reforma constitucional de 2024. Y eso cambia el tono épico que el Congreso intenta construir alrededor del proceso.
Porque la consulta, en términos prácticos, tenía un margen limitado: validar si la reforma avanzaba o no al Pleno. Las demandas más profundas quedaron pospuestas para futuras leyes secundarias, ese territorio burocrático donde muchas veces terminan archivadas las promesas.
La diputada priista Leticia Mejía reconoció algo importante: las preocupaciones sobre salud, educación, infraestructura y preservación cultural “serán tomadas en cuenta” más adelante. El problema es que los pueblos indígenas llevan décadas escuchando exactamente esa frase.
“Se tomará en cuenta”. Simplemente analiza en tu contexto, cuántas veces te han dicho que sí te van a tomar en cuenta?
Mientras tanto, las comunidades siguen enfrentando racismo institucional, marginación presupuestal y representación simbólica. El reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público puede ser un avance importante, sí. Sobre todo porque implica reconocer personalidad jurídica colectiva y abrir la puerta a mayores niveles de autonomía y administración directa de recursos. Pero también existe el riesgo de convertirlo en otro triunfo narrativo del poder sin transformación tangible en territorio.
La escena en Toluca fue políticamente reveladora: Morena y PRI coincidiendo en la necesidad de construir justicia histórica. Una coincidencia poco frecuente que deja ver que el tema indígena genera consenso mientras no implique tocar las estructuras más profundas del poder local, el reparto real del presupuesto o el control territorial de las comunidades.
Y aun así, algo sí quedó claro en las asambleas: los pueblos ya no están dispuestos a ser solamente objeto de políticas públicas. Exigen decidir, administrar, preservar y gobernarse. No quieren únicamente reconocimiento simbólico; quieren capacidad efectiva de incidencia.
Ahí está el verdadero reto para el Congreso mexiquense. No aprobar una reforma que, políticamente, parece inevitable. Lo difícil vendrá después: demostrar que la consulta no fue un trámite constitucional maquillado de participación ciudadana.
Porque los pueblos indígenas del Estado de México ya aprendieron a distinguir entre ser escuchados… y ser utilizados.
Te recomiendo echarle un vistazo al convenio 169 de la OIT;  por sus siglas Organización Internacional de Trabajo bajo el marco de la ONU de los pueblos indígenas y tribales; México fue uno de los primeros países en ratificar este convenio en 1990, lo que lo convierte en ley suprema al nivel de la Constitución.  Desde 2011, gracias a la reforma en Derechos Humanos, la Suprema Corte ha determinado que las autoridades no pueden ignorar el Convenio 169 bajo ninguna circunstancia. Hasta aquí mi reporte Joaquín.

miércoles, 29 de abril de 2026

La danza, una disciplina con condiciones inestables.


Cada 29 de abril, el Día Internacional de la Danza. Impulsado por el Consejo Internacional de la Danza y la UNESCO en honor a Jean Georges Noverre la mano libre del nepotismo, quién quitó las máscaras y simplificó los vestuarios y que pone en el centro una disciplina que, aunque universal, enfrenta condiciones laborales cada vez más inestables.

La escena internacional no es ajena a esta crisis. Casos como el del coreógrafo Akram Khan, quien ha señalado la fragilidad del financiamiento para compañías independientes, o las denuncias de bailarines tras recortes en instituciones europeas, evidencian que incluso en circuitos consolidados la estabilidad es limitada. La danza se mantiene visible, pero sostenida en proyectos temporales, residencias y fondos concursables.

En México, la situación es más aguda. Artistas como Diego Vega Solorza han señalado públicamente la falta de empleos formales y la dependencia casi total de convocatorias gubernamentales. Aunque instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura mantienen programas de apoyo, estos no garantizan continuidad, sino dinámicas intermitentes que obligan a los creadores a competir constantemente por recursos limitados.

El resultado es una centralización cultural donde la producción depende del Estado, con poca participación del sector privado y escasa proyección internacional. La danza mexicana se produce, pero difícilmente circula con fuerza fuera del país, no por falta de calidad, sino por falta de estructura.

En este contexto, la celebración del 29 de abril deja de ser solo simbólica: exhibe una contradicción. La danza sigue siendo un lenguaje esencial, pero su desarrollo está condicionado por la precariedad. El reto no es solo celebrarla, sino generar condiciones para que quienes la sostienen puedan hacerlo con estabilidad

El teatro incómodo sigue estando vigente: Pinter en tiempos de silencios locales


Hablar de “El Montaplatos” es entrar en el universo inquietante de Harold Pinter, una de las voces más incisivas del teatro del siglo XX cosa que hoy en día hace tanta falta. Escrita en 1957, en plena posguerra europea, 
la obra surge en un contexto donde la incertidumbre, la vigilancia y el absurdo cotidiano comenzaban a formar parte del lenguaje social.
No es casual: Pinter, influido por el llamado Teatro del Absurdo y por autores como Beckett, construyó una dramaturgia donde el silencio pesa tanto como la palabra.
“El Montaplatos” presenta a dos personajes atrapados en un espacio cerrado, esperando órdenes que nunca terminan de entender. La tensión crece no por lo que sucede, sino por lo que no se dice. Ese manejo del subtexto —lo que hoy llamamos“lo pinteriano”; revela relaciones del poder, miedo y obediencia ciega. Es, en el fondo, una metáfora brutal sobre sistemas que deshumanizan, sobre jerarquías invisibles y sobre la fragilidad del individuo frente a estructuras que lo superan por eso invito a que la gente vea esta obra porque tiene un parecido muy irónico a la realidad, traer esta obra hoy a escena, particularmente en una ciudad como Toluca, no es un gesto menor. Es, en sí mismo, una declaración.
El panorama teatral toluqueño vive una contradicción constante: hay talento, hay formación, hay espacios —al menos en lo institucional—, pero también hay una preocupante tibieza en la apuesta estética. Se programa mucho, sí, pero se arriesga poco. Predomina un teatro que busca agradar antes que incomodar, que prefiere la anécdota ligera antes que la reflexión incómoda. Y ahí es donde Pinter entra como un golpe seco.
Montar “El Montaplatos” hoy es recordarle al público que el teatro no está para entretener solamente, sino para tensar, cuestionar y, a veces, incomodar profundamente. Es también poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿qué tan dispuesto está el público local —y quienes programan— a sostener el silencio, la pausa, la incomodidad?
Porque si algo le falta al circuito teatral en Toluca no es producción, sino riesgo. Falta abrir más espacios a propuestas que no sean complacientes, que no busquen únicamente llenar butacas, sino generar pensamiento. Falta también una crítica más constante y más honesta
  —desde dentro y fuera del gremio— que deje de aplaudir por compromiso y comience a exigir por convicción.

En ese sentido, esta puesta en escena no solo dialoga con el legado de Pinter, sino con la propia realidad cultural de la ciudad. Nos coloca frente a nuestro propio “montaplatos”: ese sistema que baja órdenes invisibles sobre qué hacer, qué montar, qué decir… y qué callar.
Y quizá ahí está su mayor pertinencia. Porque, al final, el teatro que vale la pena no es el que nos confirma, sino el que nos incomoda lo suficiente como para no salir iguales de la sala.
Si se logró en la época de Beckett, que no podamos realizarlo ahora, copta la existencia misma de cualquier expresión de arte.

Arte, Palabra y Memoria como Intervención... Ana Moll.

martes, 28 de abril de 2026

Dónde el gis se encuentra con el algoritmo: crónica de un aula que no puede quedarse atrás en el Estado de México.

Hay algo profundamente humano en un salón de clases: el murmullo antes de empezar, la libreta abierta como territorio en blanco, el gis que se desgasta mientras alguien intenta explicar el mundo.



Ahora, a ese paisaje, le han agregado una nueva presencia: invisible, silenciosa, hecha de datos. La inteligencia artificial.


En el Congreso mexiquense, entre discursos, votaciones y acuerdos que suelen parecer lejanos a la vida cotidiana, ocurrió algo que apunta directo a ese salón. La diputada Lilia Urbina Salazar del Grupo Parlamentario del PRI, impulsó una reforma que ya fue aprobada: enseñar a convivir con la inteligencia artificial, pero sin perder la brújula.


No imponerla. No idolatrarla. Aprender a usarla.

Es una premisa sumamente controversial, dado que las cifras dicen que incluso en el Senado  de la República  su uso ha sido indiscriminado
La ley dice - que docentes y estudiantes deberán acercarse a la IA de forma gradual, ética y responsable, por ahí es dónde la controversia de lo local alcanza lo nacional e Intrnacional en el tiempo. Como quien se aproxima al fuego: sabiendo que ilumina, pero también puede quemar.


Detrás de la reforma hay una urgencia que no se dice en voz alta en las aulas, pero que ya se siente en el aire. El mundo cambió. Y seguirá cambiando. El Foro Económico Mundial lo puso en cifras: casi la mitad de las habilidades laborales en México están destinadas a transformarse en pocos años. Lo que hoy se aprende, mañana puede no alcanzar.
Entonces la pregunta ya no es si la inteligencia artificial entrará al salón.
La pregunta es:  Cómo? de Qué forma? Con qué proceso?


Pero México ya ha estado aquí antes...


Las promesas de modernización han cruzado las escuelas como ráfagas: computadoras que llegaron sin internet; a mi me tocó parte de ello, no hagan muchas cuentas, plataformas que nadie enseñó a usar, programas que murieron en el cambio de administración.

 La Secretaría de Educación Pública ha intentado, una y otra vez, acercar la tecnología a las aulas, con resultados desiguales, fragmentados, a veces olvidados en bodegas o en discos duros y obsoletos.


La historia pesa... Y enseña y si no se aprende bien quedamos condenados a cometer los mismos errores una y otra vez...


Por eso esta vez la apuesta intenta ser distinta: no sólo introducir herramientas, sino formar criterio. Ojo jamás podrá ser posible reemplazar al docente, sino acompañarlo. No convertir a la máquina en autoridad, sino en instrumento para facilitar el conocimiento.


Afuera, el mundo ya discute lo que México apenas empieza a normar...


La UNESCO ha advertido que la inteligencia artificial en la educación necesita límites claros: ética, inclusión, pensamiento crítico. Que no todo debe automatizarse, pues automáticamente estaríamos iniciando una "Rebelión de las máquinas, como lo predecía Veneigem en el año de 1921 con su obra "La Rebelión de las máquinas o el pensar desencarnado" en dónde podemos predecir éste pensar desencarnado con un  pensamiento desvinculado de la realidad humana o al automatismo que lleva a la rebelión. Que aprender también es dudar, equivocarse, pensar lento.

En otras latitudes, la tecnología ya personaliza clases, responde preguntas, corrige textos. Pero también inquieta: 

¿qué pasa cuando la respuesta llega demasiado rápido? ¿qué se pierde cuando ya no es necesario buscar?


De regreso en el aula —en cualquier aula del Estado de México— la escena sigue siendo la misma, al menos en apariencia...


Una maestra explica. Un alumno escucha a medias. Otro mira por la ventana.
Y ahora?, quizá, alguien consulta una inteligencia artificial desde su teléfono o esté desencadenando todo un movimiento.


No hay revolución visible. No todavía!


Lo que hay es una transición silenciosa...


Una en la que el conocimiento ya no sólo se memoriza, sino que se negocia con una máquina. Una en la que enseñar no será sólo transmitir, sino también filtrar, cuestionar, resistir.


La reforma ya está escrita. El decreto habla de recursos, de implementación, de futuro.
Pero el verdadero cambio no ocurrirá en el Congreso.
Ocurrirá —si ocurre— en ese momento íntimo en el que alguien decide no copiar la respuesta automática, sino entenderla. En el instante en que un docente no compite contra la tecnología, sino que la domestica.
Porque al final, entre algoritmos y pizarrones, la pregunta sigue siendo profundamente humana:
¿cómo se enseña a pensar… cuando las máquinas ya saben responder?...

Principales desafíos identificados: Sesgo algorítmico, desplazamiento de empleos, falta de privacidad, responsabilidad legal de los sistemas autónomos y la necesidad de una gobernanza global.

ANTECEDENTES: 

Recomendación sobre la Ética en la  IA (UNESCO - 2021): Adoptada por 193 países, este es el primer instrumento normativo mundial que ofrece una guía ética para el desarrollo responsable de la IA, estableciendo derechos humanos y privacidad como prioridad
Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA (2024-2025): El primer tratado internacional vinculante que aborda la IA a lo largo de su ciclo de vida, enfocado en la transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos humanos
IA en la toma de decisiones internacionales: Se utiliza IA para el modelado de cambio climático en negociaciones globales y análisis de datos para ayuda humanitaria en el Consejo de Seguridad
Algorithmic Foreign Policy: Precedentes de "política exterior algorítmica" donde sistemas de IA influyen en acuerdos diplomáticos y de seguridad, desafiando las estructuras legales tradicionales
2Nacionales (México) en Leyes y Justicia

Sentencias con IA (Poder Judicial - 2025): Una resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (Tesis aislada II.2o.C.9 K (11a.)) marcó un hito al establecer estándares éticos y metodológicos para el uso de IA en procesos jurisdiccionales.

Proyectos de Ley (Congreso - 2023-2024): Se han presentado múltiples iniciativas, incluyendo la "Ley Federal que regula la Inteligencia Artificial" (2 de abril, 2024) y la "Ley nacional que regula el uso de la IA" (29 de octubre, 2024), buscando marco regulatorio.

Regulación de la IA y Derechos Humanos: Estudios académicos y parlamentarios en México enfatizan el sesgo algorítmico y la privacidad, argumentando que la falta de regulación específica compromete los derechos fundamentales. [1, 2, 3]
3. Precedentes en Discursos y Comunicación Política

Discursos Generados por IA (IA Generativa): Aumento del uso de herramientas como ChatGPT para la redacción de discursos políticos y comunicados, lo que plantea dilemas sobre la autenticidad y credibilidad de los líderes.

Campaña de Amnistía Internacional (2023): Uso de IA para "cambiar el discurso" de candidatos, colocando en sus bocas argumentos contrarios a sus posturas habituales, como ejercicio de denuncia.

Memes y Deepfakes en la Política: Uso de imágenes generadas por IA para moldear la opinión pública y crear narrativas extremas en redes sociales (ejemplos en Truth Social)

Justicia Predictiva: Herramientas que ayudan a jueces y abogados a predecir sentencias, tasas de reincidencia y analizar grandes volúmenes de documentos, generando debates sobre la "caja negra" legal.

Eficiencia en Gobierno: Implementación de IA para automatizar servicios ciudadanos, seguridad pública y análisis de datos en tiempo real.

 

 




domingo, 26 de abril de 2026

Del CCH a Teotihuacán: traducción local de un fenómeno global.

PARTE I de 3
El reto de reformar la narrativa mediática en la inercia del tiempo.

Indudablemente nos estamos enfrentando a un "efecto contagio mediático" o "copycat effect" ya que según investigaciones muestran que ataques violentos generan “imitadores” en días o semanas posteriores.
En México ya hay evidencia de agresores que han mencionado o replicado Columbine explícitamente como el caso:

"Atacante Teotihuacán" (2026) que hizo referencias directas a Columbine. Y el caso de...
"CCH Sur" influenciado por ataques en Estados Unidos de América.

Pero para tal caso vamos a los antecedentes.
El concepto “copycat” no existía, pero la idea de "contagio por imitación" o "fenómeno fan" podríamos decir que apareció en 1774, ya que cuando Goethe escribió la novela "Las penas del joven Werther" le acusaron de provocar una ola de suicidios imitativos en Europa y aquí es donde la historia, literal, se pone buena...

"Las penas del joven Werther" (1774) no es solo una novela; es el primer "fenómeno fan" de la historia moderna.  Goethe la escribió en solo cuatro semanas para mitigar su dolor y siendo sinceros díganme que artista no lo hace?
Él no se imaginó que iba a desatar una histeria colectiva en toda Europa y nisiquiera el Sturm und Drang  ("tormenta e ímpetu") que es el movimiento literario y artístico alemán  contra el racionalismo de la Ilustración. exaltando subjetividad, emociones extremas, libertad individual y  naturaleza. Se priorizó pasión, sensibilidad e impulso irracional, se valoró la genialidad original e intuitiva por encima de las reglas literarias y modelos clásicos; los protagonistas son rebeldes que luchan contra las convenciones sociales,  la tiranía e injusticia... 
Goethe y su novela son la cumbre y paradigma del movimiento de la tormenta y el ímpetu.  
Friedrich Maximilian Klinger escribio obra teatral Sturm und Drang y dio nombre a la corriente.
Y  Herder influyó e impulsó el
movimiento coqueteando al romanticismo alemán, enfocado en la libertad artística y la expresión auténtica del "yo". 
El  "Efecto Werther" provocó una ola de suicidios en Europa por jóvenes que imitaban al protagonista.
Como el caso de una joven que se ahogó en el río llevando en su bolsillo izquierdo de lado del corazón el un libro de Werther, no sabe si fue una "epidemia" real o una exageración de la prensa y la Iglesia para censurar el libro.
Imagínate el impacto de la época que teníamos al "rock star del s. XVIII y deja de eso analizando el contexto no estamos tan fuera de cancha o sí?. Imagínate el impacto del sujeto y el personaje que todo el mundo así como afuera del "VIVE" quería comprar El "Merchandising" del Siglo XVIII
en la llamada la Werther-fever. La obsesión por el personaje llegó a niveles de consumo masivo: 
Los jóvenes europeos empezaron a vestirse exactamente como Werther: frac azul, chaleco amarillo y botas de cuero.
Se comercializó una fragancia llamada Eau de Werther.
Había tazas de té, abanicos y figuras de porcelana de Meissen que representaban escenas de Lotte y Werther.
Imagínate el nivel que en un encuentro con Napoleón Bonaparte; ya que era re fan de la novela. Se dice que la leyó siete veces y que la llevaba consigo incluso durante sus campañas militares en Egipto.
Bueno por ahí de1808, Napoleón conoció a Goethe en persona y en lugar de hablar de política, el emperador se puso a discutir con el autor sobre un pasaje específico del libro que, según él, no estaba bien resuelto. ¡Napoleón le hizo crítica literaria al mismísimo Goethe y le cambió el final!
Nuestro rock star no murió joven. Se convirtió en un hombre de Estado, un científico y una figura institucional y se dice detestó la fama de su novela, le molestaba que, décadas después y habiendo escrito obras maestras como Fausto, la gente lo siguiera reconociendo como el del libro del joven que se mata. 
Sí bien es cierto que escribió el libro para no atentar contra él mismo, refiriendo en múltiples ocasiones 
-"Sentí, después de escribirlo, como si hubiera hecho una confesión general, y me sentí de nuevo libre y con derecho a una nueva vida".- y uno creyéndose innovador, en fin. general, y me sentí de nuevo libre y con derecho a una nueva vida".- y uno creyéndose innovador, en fin...
"Lotte" (uno de los personajes que en la Vida Real fué Charlotte Buff), la mujer que inspiró a la heroína, no estuvo muy contenta con el libro pues al publicarse, su reputación se vio afectada porque todo el mundo sabía que ella era la Lotte real, nada de extrañarse, sin embargo grave que siga pasando.
Años más tarde, ya siendo una viuda,  Charlotte visitó a Goethe en Weimar. Fue un encuentro frío y algo incómodo; el poeta ya no era el joven apasionado y ella ya no era la musa de los lazos rosas, pero  ambos fueron lo los musos de Thomas Mann quién escribió una novela famosa sobre este reencuentro llamada "Carlota en Weimar" y así es como nace o se entreve el inicio de un movimiento que repercute a nuestro actual fenómeno global, porque si bien hay siglos de diferencia hoy estamos VIVIENDO EXACTAMENTE LO MISMO ya que éstos actos; tienen narrativa, tienen símbolos y tienen audiencia son sin temor a equivocarme “puestas en escena” de violencia.
No sólo matan: construyen una imagen que quieren que el mundo vea.
Wolfgang planteó el argumento del "Espejo" sosteniendo que un autor no es responsable de las debilidades de sus lectores y en su defensa principal fue que él solo estaba retratando una realidad psicológica existente y que la Iglesia atacaba al mensajero en lugar de la enfermedad. Para él, Werther funcionaba como un "termómetro" de la sensibilidad de la época. Si los jóvenes se suicidaban, no era por culpa del libro, sino porque la sociedad y la religión no les ofrecían un espacio para sus sentimientos. Te suena? Para él era cómo - "¿Cómo puede ser un pecado algo que me ha devuelto la vida?" - , sin embargo más adelante trataba de redimirse de una forma pulcra con la frase final en las reediciones:

"Lloras, alma amable, por su duro destino... pero, ¿quieres que su espíritu te hable desde su tumba? Sé un hombre y no sigas mis pasos."

Y es ahí donde termino este planteamiento de reformar la narrativa mediática en la inercia del tiempo, pues si se podía y se pudo en el s. XVIII, puede y debe modificarse ahora más con un sin número de elementos e información que tenemos a nuestro alcance.  Pues como lo veremos en la parte 2; hay una réplica mediática, pero evidentemente falta la redención al puro estilo del creador de Fausto que ponga freno a una bola de nieve que parece imparable, Nos vemos en la segunda parte.
Ana Moll, arte, palabra y memoria como intervención .

sábado, 25 de abril de 2026

Justicia con identidad… y con memoria pendiente.

En Toluca, donde las montañas observan en silencio y la institucionalidad suele hablar en voz alta, se llevó a cabo el foro “Justicia con Identidad”. Un espacio que, más allá de su correcta ejecución y su impecable narrativa oficial, dejó entrever algo más profundo: la persistente distancia entre el discurso de inclusión y la realidad estructural que viven, especialmente, las mujeres indígenas en el Estado de México.
La primera intervención, a cargo de Marisela Sánchez Sánchez, no fue cómoda. Y eso es, quizá, lo más valioso. Su testimonio no solo conmovió; incomodó en el sentido más necesario de la palabra. Recordó —como lo han documentado organismos nacionales e internacionales desde hace décadas— que el acceso a la justicia para mujeres indígenas sigue atravesado por barreras lingüísticas, económicas y culturales que no se resuelven con voluntad discursiva. En ese sentido, su voz no fue solo personal: fue representativa de una deuda histórica que sigue vigente.
Posteriormente, Esmeralda de Luna aterrizó la conversación en el Valle de Toluca, desmontando la idea de que estos problemas pertenecen a geografías lejanas o a contextos ajenos. No. La exclusión también habita aquí, en lo cotidiano, en lo que no se denuncia y en lo que no se nombra. Su participación, íntima y directa, evidenció que la justicia sigue siendo, para muchas personas, un terreno ajeno, incluso hostil.
El cierre, a cargo de la Magistrada Erika Icela Castillo Vega, ofreció una narrativa institucional que apuesta por la apertura, la sensibilidad y el trabajo conjunto. Un mensaje necesario, sin duda. Aunque también invita a preguntarse —con la prudencia que exige el contexto— cuántas de estas rutas trazadas en foros logran traducirse en transformaciones concretas dentro de los sistemas judiciales. La historia reciente sugiere que el reto no está en definir el rumbo, sino en sostenerlo frente a inercias profundamente arraigadas.
El foro dejó una consigna clara: la justicia no puede construirse en aislamiento. Sin embargo, esa idea —repetida con frecuencia en espacios similares— enfrenta un desafío clave: pasar del consenso declarativo a la acción verificable. Porque si algo han señalado diagnósticos previos de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos estudios académicos, es que la coordinación entre sociedad civil y autoridades sigue siendo más aspiración que práctica sistemática.
El reconocimiento a quienes organizaron el evento y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por su respaldo institucional es justo. La logística, el orden y la convocatoria estuvieron a la altura. Pero en tiempos donde la forma suele superar al fondo, conviene no perder de vista que la verdadera medida de estos espacios no está en su ejecución, sino en sus consecuencias.
“Justicia con Identidad” deja, entonces, una sensación dual: por un lado, la certeza de que hay voces, voluntad y conciencia; por otro, la evidencia de que los pendientes estructurales siguen siendo los protagonistas silenciosos de cualquier conversación sobre justicia en México.
Porque sí, hay rumbo.
Pero también hay historia. Y esa, todavía, pesa.
Ana Moll.

jueves, 23 de abril de 2026

Buscan dignificar condiciones de policías; destacan mandos de Toluca en propuesta sobre salud mental.


La diputada local de Morena, Nelly Brígida Rivera Sánchez, presentó una iniciativa para reforzar la salud mental y el bienestar de los elementos de seguridad pública, en un contexto donde el desgaste operativo y emocional de las corporaciones policiales ha alcanzado niveles críticos.

Durante la sesión de la LXII Legislatura del Estado de México, la legisladora planteó reformas a la Ley de Seguridad estatal y a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, con el objetivo de establecer jornadas laborales más humanas, acceso a atención psicológica y la creación de Unidades de Bienestar Psicosocial.

El acto cobró relevancia por la presencia de mandos de la capital mexiquense, entre ellos Jorge Alberto Ayón Monsalve, director general de Seguridad y Protección de Toluca; José Antonio Campa Arredondo, director de Desarrollo Policial, y José Raúl Naveda López-Padilla, titular del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones. Su asistencia subraya el interés institucional del municipio en una agenda que impacta directamente en la operatividad policial local.

Rivera Sánchez advirtió que en 2024 se documentaron 116 suicidios de policías en el país, casi la mitad ocurridos dentro de instalaciones oficiales o con armas de cargo. Además, recordó que entre 2012 y 2018 más de 8 mil 200 elementos reportaron trastornos mentales asociados a su labor.

“La paz pública no puede construirse sobre el desgaste irreversible de quienes la garantizan”, sostuvo.

La iniciativa propone limitar las jornadas operativas a un máximo de 12 horas continuas, así como establecer periodos mínimos de descanso —preferentemente de 24 horas—, en sustitución del esquema predominante de 24 por 24. También contempla atención psicológica gratuita, confidencial y continua, con perspectiva de género y derechos humanos.

Uno de los puntos centrales es la creación de Unidades de Bienestar Psicosocial, que operarían con autonomía técnica y clínica, brindando atención en crisis, seguimiento terapéutico y mecanismos de descompresión tras eventos de alto impacto. En estos casos, los elementos tendrían derecho a 72 horas laborales de recuperación emocional con goce de sueldo.

La propuesta también busca impedir que la atención en salud mental sea utilizada como mecanismo de sanción o exclusión dentro de las corporaciones, un aspecto clave para reducir el estigma entre los elementos.

De aprobarse, los policías serían considerados grupo de atención preferente en materia de salud mental dentro del sistema de seguridad social estatal.

Antecedentes:

La iniciativa se inserta en un contexto nacional marcado por condiciones laborales históricamente precarias en las corporaciones policiales. El modelo de turnos extendidos —principalmente el esquema 24x24— ha sido señalado por especialistas como un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos como estrés postraumático, ansiedad, depresión y burnout.

A nivel federal y estatal, diversos diagnósticos han documentado la falta de acceso a servicios de salud mental especializados para policías, así como la persistencia de estigmas que inhiben la búsqueda de ayuda. En muchos casos, la atención psicológica se asocia erróneamente con debilidad o riesgo de baja laboral.

En el Estado de México, uno de los territorios con mayor densidad poblacional y presión en materia de seguridad, las corporaciones municipales —como la de Toluca— enfrentan retos operativos constantes, lo que hace relevante la presencia de sus mandos en la discusión legislativa.

La participación de autoridades de seguridad de Toluca en la presentación de la iniciativa sugiere un posible alineamiento entre el ámbito legislativo y las estructuras operativas municipales, en un momento en que se busca transitar hacia modelos de seguridad más sostenibles y centrados en el bienestar del personal.

Además, el reconocimiento de los policías como grupo prioritario en salud mental equipara su situación con sectores tradicionalmente vulnerables, lo que podría marcar un precedente en la política pública estatal.

Nota: Ana Moll

Foto: Jorge Alberto Ayón Mosalve


Denuncia reabre debate sobre violencia química mientras avanza su tipificación en el Estado de México.

La discusión sobre la tipificación de la violencia química o ácida en el Estado de México tomó un nuevo impulso esta semana, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos al proceso legislativo, luego de la denuncia pública realizada por la activista Carmen Sánchez durante la Conferencia de Prensa el día de ayer 22 de abril de 2026 en el ya icónico café de las personalidades del Estado de México, Café Biarritz.

Su señalamiento —centrado en la falta de transparencia, la exclusión de colectivas y el riesgo de que las iniciativas pierdan su sentido original— se inserta en un momento clave: mientras instituciones, legisladoras y organizaciones respaldan formalmente la creación de un tipo penal específico, persisten dudas sobre la forma en que estas propuestas están siendo procesadas.

Un día antes de la denuncia, congresistas de la LXII Legislatura mexiquense, junto con activistas, representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos, manifestaron su apoyo a tipificar la violencia química o ácida como delito autónomo, con sanciones más severas para quienes atenten contra la integridad de las mujeres.

Durante el foro “Violencia Química o Ácida: Hacia su reconocimiento, prevención y sanción en el Estado de México”, la diputada Zaira Cedillo subrayó que la entidad debe colocarse a la vanguardia en la defensa de la vida y la integridad de las mujeres, al tiempo que llamó a construir una respuesta institucional “sensible” frente a una de las formas más crueles de violencia.

En ese espacio coincidieron voces clave como la saxofonista y activista María Elena Ríos, impulsora de la llamada “Ley Malena”, así como representantes de la Secretaría de las Mujeres, el sector salud, la Comisión de Derechos Humanos estatal y el Poder Judicial. Todas insistieron en la necesidad de que estas agresiones —cometidas con ácidos, sustancias corrosivas o agentes químicos— sean reconocidas como un delito independiente para evitar su minimización bajo figuras como lesiones simples.

Las iniciativas en discusión plantean sanciones que van desde 20 años de prisión en casos de daño permanente, hasta más de 30 años cuando exista violencia de género. Propuestas adicionales elevan las penas incluso por encima de los 50 años si concurren agravantes como relación con la víctima, ataques en espacios públicos o afectaciones a grupos vulnerables.

Sin embargo, el respaldo institucional contrasta con el clima de controversia que rodea el proceso. La denuncia de Carmen Sánchez apunta a una problemática más amplia: el riesgo de que las reformas sean negociadas sin la participación efectiva de quienes han impulsado históricamente estas luchas.

Ese señalamiento no es aislado. En semanas recientes, el avance de diversas iniciativas en materia de violencia de género ha estado marcado por modificaciones de último momento, falta de claridad en dictámenes y tensiones entre legisladoras, colectivos y autoridades, lo que ha alimentado la percepción de un proceso legislativo opaco.

En este contexto, la discusión sobre la violencia química se convierte en un caso emblemático. Por un lado, refleja avances importantes: el reconocimiento creciente de una forma de violencia extrema, la articulación interinstitucional y la presión social para endurecer sanciones. Por otro, exhibe las fracturas en la construcción de políticas públicas, donde las disputas políticas y los tiempos legislativos pueden diluir demandas urgentes.

Activistas como María Elena Ríos han advertido que este tipo de violencia ya ha sido reconocido en al menos 18 entidades del país, y que a nivel internacional existen precedentes legales en naciones como Colombia, Reino Unido e India. No obstante, también han insistido en que la clave no está solo en legislar, sino en garantizar que las normas respondan realmente a las necesidades de las víctimas.

A ello se suma el diagnóstico institucional: desde 1988 y hasta 2023, organizaciones civiles han documentado al menos 36 casos de mujeres atacadas con sustancias corrosivas en México, una cifra que especialistas consideran subestimada ante la falta de registros oficiales.

Mientras tanto, autoridades del sector salud y de derechos humanos han advertido que la tipificación debe ir acompañada de políticas integrales: atención médica reconstructiva, apoyo psicológico permanente, reparación del daño y registros confiables que permitan dimensionar el problema.

Así, entre el respaldo institucional y la crítica de activistas, el proceso legislativo avanza en un terreno complejo. La denuncia de Carmen Sánchez no solo reabre el debate, sino que coloca en el centro una pregunta de fondo: si el Estado será capaz de traducir estas iniciativas en mecanismos efectivos de justicia, o si quedarán atrapadas en las dinámicas políticas que hoy generan desconfianza.

El desenlace de estas propuestas no solo definirá un nuevo tipo penal, sino también la credibilidad de las instituciones frente a una de las violencias más devastadoras contra las mujeres.

Ana Moll.



miércoles, 22 de abril de 2026

LAS COMISIONES LEGISTATIVAS, APRUEBAN EL REGISTRO PARA PERIODISTAS


Para brindar protección en casos de emergencia, comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron la creación de un directorio voluntario de personas periodistas y defensoras de derechos humanos. 
  • Validaron que el listado no represente ningún tipo de colegiación obligatoria o condición para la incorporación al Mecanismo, y solo funcione como instrumento complementario, voluntario y preventivo para agilizar la comunicación en caso de emergencia. 

  • Congresistas de morena, PT y MC resaltaron que esta aprobación representa un avance en la protección de este grupo. 

 

Para brindar protección en casos de emergencia, comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron la creación de un directorio voluntario de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, el cual incluirá datos de contactos designados, casas editoriales, organizaciones, colectivos o medios de comunicación. 

El dictamen a las iniciativas que reforman la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos estatal, presentadas por el Grupo Parlamentario de MC —coordinado por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández— y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, puntualiza que el registro lo administrará el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.  

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Derechos Humanos, presididas por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), dispusieron también que el listado no represente ningún tipo de colegiación obligatoria o condición para la incorporación al mecanismo, y solo funcione como instrumento complementario, voluntario y preventivo para agilizar la comunicación en caso de emergencia.   

Adicionalmente, determinaron que los datos se traten de conformidad con la legislación en materia de protección datos personales aplicable. 

El decreto correspondiente, al que dio lectura la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), dispone que las acciones del mecanismo se rijan bajo el principio de garantía del ejercicio periodístico, entendido como el conjunto de condiciones jurídicas, institucionales y materiales que aseguran el ejercicio libre, independiente, seguro y sin injerencias en el periodismo, en beneficio del derecho de la sociedad a la información. 

En este sentido, el Estado implementará las mejores prácticas y protocolos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención de este grupo, incluyendo a quienes pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afro mexicanas, de la diversidad sexual, migrantes o cualquier grupo vulnerable, que le sea proporcionado por la Coordinación Ejecutiva del mecanismo. 

Asimismo, la Secretaría de Seguridad, así como las autoridades municipales, publicarán y actualizarán periódicamente un protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad y sus elementos con estas personas. 

En la deliberación del decreto, la legisladora Paola Jiménez Hernández (morena) resaltó que se refrenda el mandato al Estado para destinar recursos al mecanismo referido, los cuales se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección. 

Al destacar que la reforma se nutrió de consultas al gremio de comunicadores impulsadas por distintas personas en diversos momentos, el parlamentario Octavio Martínez Vargas (morena) apuntó que se robustece la labor periodística. Añadió que la actividad que es valorada, y se pronunció porque ninguna persona de este sector sea censurada o lastimada en su integridad. 

Para el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena)el Congreso hace historia con esta aprobación, y señaló que la reforma se alinea con la legislación federal en la materia y abona a la construcción de un Estado de bienestar. 

La congresista Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) expuso que legislar para proteger a este sector es asegura el derecho de la sociedad a ser informada, y que, con esta modificación, que pone en el centro a las personas comunicadoras y defensoras de los derechos humanos, se transita de un enfoque tradicional y reactivo de su defensa a uno integral.  

Por la bancada de MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes resaltó que esta reforma es un esfuerzo para saldar la deuda histórica con este sector, que requiere la protección del Estado para realizar su labor, y destacó que los protocolos de atención avalados derivan de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal, por la actuación de la policía local contra reporteros y reporteras en la marcha por el 2 de octubre de 2025.  

Cabe señalar que, con la reforma, se amplía la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos con apoyo para gastos funerarios, capacitación y formación profesional (orientados a la seguridad, autoprotección y desarrollo profesional), y acceso a programas sociales y servicios de salud. 

Igualmente, se fortalece operativamente al Consejo Consultivo del mecanismo con la reducción de sus integrantes (de 13 a nueve). Lo anterior responde a que, por el tamaño y la obligación de contar con una persona suplente por cada integrante, su funcionamiento es limitado.  

Aparte, se establecen criterios transparentes y públicos para su nombramiento, y la incorporación de una participación regional equilibrada, que garantice la representación de las distintas regiones y zonas estatales, asegurando que las decisiones se nutran de la experiencia de periodistas y personas defensoras, así como que, en su integración, se atienda la paridad de género. 

Se refrenda, por último, que el fondo de recursos a cargo del estado para la operación del mecanismo, se destine exclusivamente a la implementación y operación de las medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección. 


EN EL CORAZÓN DE TOLUCA:La Primaria Morelos y Pavón a 121 años de habitar y resistir en el centro histórico

Por: Ana Moll/ Arte, palabra y memoria como intervención. Hay lugares en la ciudad que no solo ocupan metros cuadrados; sostiene...