Buscan dignificar condiciones de policías; destacan mandos de Toluca en propuesta sobre salud mental.

La diputada local de Morena, Nelly Brígida Rivera Sánchez, presentó una iniciativa para reforzar la salud mental y el bienestar de los elementos de seguridad pública, en un contexto donde el desgaste operativo y emocional de las corporaciones policiales ha alcanzado niveles críticos.

Durante la sesión de la LXII Legislatura del Estado de México, la legisladora planteó reformas a la Ley de Seguridad estatal y a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, con el objetivo de establecer jornadas laborales más humanas, acceso a atención psicológica y la creación de Unidades de Bienestar Psicosocial.

El acto cobró relevancia por la presencia de mandos de la capital mexiquense, entre ellos Jorge Alberto Ayón Monsalve, director general de Seguridad y Protección de Toluca; José Antonio Campa Arredondo, director de Desarrollo Policial, y José Raúl Naveda López-Padilla, titular del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones. Su asistencia subraya el interés institucional del municipio en una agenda que impacta directamente en la operatividad policial local.

Rivera Sánchez advirtió que en 2024 se documentaron 116 suicidios de policías en el país, casi la mitad ocurridos dentro de instalaciones oficiales o con armas de cargo. Además, recordó que entre 2012 y 2018 más de 8 mil 200 elementos reportaron trastornos mentales asociados a su labor.

“La paz pública no puede construirse sobre el desgaste irreversible de quienes la garantizan”, sostuvo.

La iniciativa propone limitar las jornadas operativas a un máximo de 12 horas continuas, así como establecer periodos mínimos de descanso —preferentemente de 24 horas—, en sustitución del esquema predominante de 24 por 24. También contempla atención psicológica gratuita, confidencial y continua, con perspectiva de género y derechos humanos.

Uno de los puntos centrales es la creación de Unidades de Bienestar Psicosocial, que operarían con autonomía técnica y clínica, brindando atención en crisis, seguimiento terapéutico y mecanismos de descompresión tras eventos de alto impacto. En estos casos, los elementos tendrían derecho a 72 horas laborales de recuperación emocional con goce de sueldo.

La propuesta también busca impedir que la atención en salud mental sea utilizada como mecanismo de sanción o exclusión dentro de las corporaciones, un aspecto clave para reducir el estigma entre los elementos.

De aprobarse, los policías serían considerados grupo de atención preferente en materia de salud mental dentro del sistema de seguridad social estatal.

Antecedentes:

La iniciativa se inserta en un contexto nacional marcado por condiciones laborales históricamente precarias en las corporaciones policiales. El modelo de turnos extendidos —principalmente el esquema 24x24— ha sido señalado por especialistas como un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos como estrés postraumático, ansiedad, depresión y burnout.

A nivel federal y estatal, diversos diagnósticos han documentado la falta de acceso a servicios de salud mental especializados para policías, así como la persistencia de estigmas que inhiben la búsqueda de ayuda. En muchos casos, la atención psicológica se asocia erróneamente con debilidad o riesgo de baja laboral.

En el Estado de México, uno de los territorios con mayor densidad poblacional y presión en materia de seguridad, las corporaciones municipales —como la de Toluca— enfrentan retos operativos constantes, lo que hace relevante la presencia de sus mandos en la discusión legislativa.

La participación de autoridades de seguridad de Toluca en la presentación de la iniciativa sugiere un posible alineamiento entre el ámbito legislativo y las estructuras operativas municipales, en un momento en que se busca transitar hacia modelos de seguridad más sostenibles y centrados en el bienestar del personal.

Además, el reconocimiento de los policías como grupo prioritario en salud mental equipara su situación con sectores tradicionalmente vulnerables, lo que podría marcar un precedente en la política pública estatal.

Nota: Ana Moll

Foto: Jorge Alberto Ayón Mosalve