Justicia con identidad… y con memoria pendiente.

En Toluca, donde las montañas observan en silencio y la institucionalidad suele hablar en voz alta, se llevó a cabo el foro “Justicia con Identidad”. Un espacio que, más allá de su correcta ejecución y su impecable narrativa oficial, dejó entrever algo más profundo: la persistente distancia entre el discurso de inclusión y la realidad estructural que viven, especialmente, las mujeres indígenas en el Estado de México.

La primera intervención, a cargo de Marisela Sánchez Sánchez, no fue cómoda. Y eso es, quizá, lo más valioso. Su testimonio no solo conmovió; incomodó en el sentido más necesario de la palabra. Recordó —como lo han docum

entado organismos nacionales e internacionales desde hace décadas— que el acceso a la justicia para mujeres indígenas sigue atravesado por barreras lingüísticas, económicas y culturales que no se resuelven con voluntad discursiva. En ese sentido, su voz no fue solo personal: fue representativa de una deuda histórica que sigue vigente.

Posteriormente, Esmeralda de Luna aterrizó la conversación en el Valle de Toluca, desmontando la idea de que estos problemas pertenecen a geografías lejanas o a contextos ajenos. No. La exclusión también habita aquí, en lo cotidiano, en lo que no se denuncia y en lo que no se nombra. Su participación, íntima y directa, evidenció que la justicia sigue siendo, para muchas personas, un terreno ajeno, incluso hostil.

El cierre, a cargo de la Magistrada Erika Icela Castillo Vega, ofreció una narrativa institucional que apuesta por la apertura, la sensibilidad y el trabajo conjunto. Un mensaje necesario, sin duda. Aunque también invita a preguntarse —con la prudencia que exige el contexto— cuántas de estas rutas trazadas en foros logran traducirse en transformaciones concretas dentro de los sistemas judiciales. La historia reciente sugiere que el reto no está en definir el rumbo, sino en sostenerlo frente a inercias profundamente arraigadas.

El foro dejó una consigna clara: la justicia no puede construirse en aislamiento. Sin embargo, esa idea —repetida con frecuencia en espacios similares— enfrenta un desafío clave: pasar del consenso declarativo a la acción verificable. Porque si algo han señalado diagnósticos previos de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos estudios académicos, es que la coordinación entre sociedad civil y autoridades sigue siendo más aspiración que práctica sistemática.

El reconocimiento a quienes organizaron el evento y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por su respaldo institucional es justo. La logística, el orden y la convocatoria estuvieron a la altura. Pero en tiempos donde la forma suele superar al fondo, conviene no perder de vista que la verdadera medida de estos espacios no está en su ejecución, sino en sus consecuencias.

“Justicia con Identidad” deja, entonces, una sensación dual: por un lado, la certeza de que hay voces, voluntad y conciencia; por otro, la evidencia de que los pendientes estructurales siguen siendo los protagonistas silenciosos de cualquier conversación sobre justicia en México.

Porque sí, hay rumbo.

Pero también hay historia. Y esa, todavía, pesa.

Ana Moll.