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Denuncia reabre debate sobre violencia química mientras avanza su tipificación en el Estado de México.

La discusión sobre la tipificación de la violencia química o ácida en el Estado de México tomó un nuevo impulso esta semana, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos al proceso legislativo, luego de la denuncia pública realizada por la activista Carmen Sánchez durante la Conferencia de Prensa el día de ayer 22 de abril de 2026 en el ya icónico café de las personalidades del Estado de México, Café Biarritz.

Su señalamiento —centrado en la falta de transparencia, la exclusión de colectivas y el riesgo de que las iniciativas pierdan su sentido original— se inserta en un momento clave: mientras instituciones, legisladoras y organizaciones respaldan formalmente la creación de un tipo penal específico, persisten dudas sobre la forma en que estas propuestas están siendo procesadas.

Un día antes de la denuncia, congresistas de la LXII Legislatura mexiquense, junto con activistas, representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos, manifestaron su apoyo a tipificar la violencia química o ácida como delito autónomo, con sanciones más severas para quienes atenten contra la integridad de las mujeres.

Durante el foro “Violencia Química o Ácida: Hacia su reconocimiento, prevención y sanción en el Estado de México”, la diputada Zaira Cedillo subrayó que la entidad debe colocarse a la vanguardia en la defensa de la vida y la integridad de las mujeres, al tiempo que llamó a construir una respuesta institucional “sensible” frente a una de las formas más crueles de violencia.

En ese espacio coincidieron voces clave como la saxofonista y activista María Elena Ríos, impulsora de la llamada “Ley Malena”, así como representantes de la Secretaría de las Mujeres, el sector salud, la Comisión de Derechos Humanos estatal y el Poder Judicial. Todas insistieron en la necesidad de que estas agresiones —cometidas con ácidos, sustancias corrosivas o agentes químicos— sean reconocidas como un delito independiente para evitar su minimización bajo figuras como lesiones simples.

Las iniciativas en discusión plantean sanciones que van desde 20 años de prisión en casos de daño permanente, hasta más de 30 años cuando exista violencia de género. Propuestas adicionales elevan las penas incluso por encima de los 50 años si concurren agravantes como relación con la víctima, ataques en espacios públicos o afectaciones a grupos vulnerables.

Sin embargo, el respaldo institucional contrasta con el clima de controversia que rodea el proceso. La denuncia de Carmen Sánchez apunta a una problemática más amplia: el riesgo de que las reformas sean negociadas sin la participación efectiva de quienes han impulsado históricamente estas luchas.

Ese señalamiento no es aislado. En semanas recientes, el avance de diversas iniciativas en materia de violencia de género ha estado marcado por modificaciones de último momento, falta de claridad en dictámenes y tensiones entre legisladoras, colectivos y autoridades, lo que ha alimentado la percepción de un proceso legislativo opaco.

En este contexto, la discusión sobre la violencia química se convierte en un caso emblemático. Por un lado, refleja avances importantes: el reconocimiento creciente de una forma de violencia extrema, la articulación interinstitucional y la presión social para endurecer sanciones. Por otro, exhibe las fracturas en la construcción de políticas públicas, donde las disputas políticas y los tiempos legislativos pueden diluir demandas urgentes.

Activistas como María Elena Ríos han advertido que este tipo de violencia ya ha sido reconocido en al menos 18 entidades del país, y que a nivel internacional existen precedentes legales en naciones como Colombia, Reino Unido e India. No obstante, también han insistido en que la clave no está solo en legislar, sino en garantizar que las normas respondan realmente a las necesidades de las víctimas.

A ello se suma el diagnóstico institucional: desde 1988 y hasta 2023, organizaciones civiles han documentado al menos 36 casos de mujeres atacadas con sustancias corrosivas en México, una cifra que especialistas consideran subestimada ante la falta de registros oficiales.

Mientras tanto, autoridades del sector salud y de derechos humanos han advertido que la tipificación debe ir acompañada de políticas integrales: atención médica reconstructiva, apoyo psicológico permanente, reparación del daño y registros confiables que permitan dimensionar el problema.

Así, entre el respaldo institucional y la crítica de activistas, el proceso legislativo avanza en un terreno complejo. La denuncia de Carmen Sánchez no solo reabre el debate, sino que coloca en el centro una pregunta de fondo: si el Estado será capaz de traducir estas iniciativas en mecanismos efectivos de justicia, o si quedarán atrapadas en las dinámicas políticas que hoy generan desconfianza.

El desenlace de estas propuestas no solo definirá un nuevo tipo penal, sino también la credibilidad de las instituciones frente a una de las violencias más devastadoras contra las mujeres.

Ana Moll.