Consulta indígena: el Congreso mexiquense cumple el trámite… y los pueblos indígenas vuelven a poner la agenda.

"Exigen decidir, administrar, preservar y gobernarse. No quieren únicamente reconocimiento simbólico; quieren capacidad efectiva de incidencia."

Por años, los pueblos originarios del Estado de México han sido convocados únicamente para la foto, el aplauso institucional o el ritual político de la inclusión y bueno para qué nos hacemos esto no solo pasa en el estado, pasa a nivel nacional, local; en el ámbito cultural, educativo, turístico, político y contando.... Pero ese no es el tema.

Esta semana, el Congreso mexiquense presume haber “cumplido” con la consulta indígena para fortalecer derechos constitucionales y reconocer a las comunidades como sujetos de derecho público. La pregunta inevitable es  si realmente hubo escucha, mi abuela decía, no oigas, escucha!

Porque sí: hubo seis asambleas, discursos sobre dignidad, autonomía y deuda histórica; representantes mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas, tlahuicas y afromexicanos todos ellos reunidos en Toluca mientras diputadas y diputados aseguraban que ahora sí, el reconocimiento dejará de ser retórico. Pero en el fondo persiste la sospecha que acompaña casi todos los procesos oficiales relacionados con pueblos indígenas en México: el Estado consulta cuando ya decidió.

La narrativa legislativa insiste en que el proceso fue “culturalmente adecuado”, “de buena fe” y “participativo”, siguiendo estándares constitucionales y criterios de la Suprema Corte. El lenguaje es impecable. Jurídicamente correcto. Políticamente rentable. Sin embargo, basta escuchar las intervenciones de las propias comunidades para advertir que la urgencia no está únicamente en el reconocimiento constitucional, sino en sobrevivir al abandono cotidiano.

Mientras el Congreso habla de armonización constitucional, los pueblos hablaron de hospitales sin médicos, escuelas sin infraestructura, caminos olvidados, vivienda precaria y desaparición de lenguas originarias. Ahí estuvo el verdadero diagnóstico del Estado de México profundo: comunidades que siguen pidiendo lo básico mientras la clase política celebra reformas históricas.

El diputado morenista Edmundo Valdeña aseguró que la reforma “no nació desde el escritorio”. Quizá tenga razón. Pero tampoco nació desde la autonomía plena de los pueblos. Nació desde una obligación federal que las entidades tienen que cumplir tras la reforma constitucional de 2024. Y eso cambia el tono épico que el Congreso intenta construir alrededor del proceso.

Porque la consulta, en términos prácticos, tenía un margen limitado: validar si la reforma avanzaba o no al Pleno. Las demandas más profundas quedaron pospuestas para futuras leyes secundarias, ese territorio burocrático donde muchas veces terminan archivadas las promesas.

La diputada priista Leticia Mejía reconoció algo importante: las preocupaciones sobre salud, educación, infraestructura y preservación cultural “serán tomadas en cuenta” más adelante. El problema es que los pueblos indígenas llevan décadas escuchando exactamente esa frase.

“Se tomará en cuenta”. Simplemente analiza en tu contexto, cuántas veces te han dicho que sí te van a tomar en cuenta?

Mientras tanto, las comunidades siguen enfrentando racismo institucional, marginación presupuestal y representación simbólica. El reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público puede ser un avance importante, sí. Sobre todo porque implica reconocer personalidad jurídica colectiva y abrir la puerta a mayores niveles de autonomía y administración directa de recursos. Pero también existe el riesgo de convertirlo en otro triunfo narrativo del poder sin transformación tangible en territorio.

La escena en Toluca fue políticamente reveladora: Morena y PRI coincidiendo en la necesidad de construir justicia histórica. Una coincidencia poco frecuente que deja ver que el tema indígena genera consenso mientras no implique tocar las estructuras más profundas del poder local, el reparto real del presupuesto o el control territorial de las comunidades.

Y aun así, algo sí quedó claro en las asambleas: los pueblos ya no están dispuestos a ser solamente objeto de políticas públicas. Exigen decidir, administrar, preservar y gobernarse. No quieren únicamente reconocimiento simbólico; quieren capacidad efectiva de incidencia.

Ahí está el verdadero reto para el Congreso mexiquense. No aprobar una reforma que, políticamente, parece inevitable. Lo difícil vendrá después: demostrar que la consulta no fue un trámite constitucional maquillado de participación ciudadana.

Porque los pueblos indígenas del Estado de México ya aprendieron a distinguir entre ser escuchados… y ser utilizados.

Te recomiendo echarle un vistazo al convenio 169 de la OIT;  por sus siglas Organización Internacional de Trabajo bajo el marco de la ONU de los pueblos indígenas y tribales; México fue uno de los primeros países en ratificar este convenio en 1990, lo que lo convierte en ley suprema al nivel de la Constitución.  Desde 2011, gracias a la reforma en Derechos Humanos, la Suprema Corte ha determinado que las autoridades no pueden ignorar el Convenio 169 bajo ninguna circunstancia. Hasta aquí mi reporte Joaquín.