Azoteas verdes; ecología fiscal al cambio climático.

Un descuento verde en un estado gris...

Horizonte Público

Medio independiente de periodismo crítico, ambiental y de derechos urbanos.

En un Estado de México asfixiado por el crecimiento urbano desordenado, la contaminación atmosférica y la pérdida de áreas verdes, el Congreso mexiquense aprobó en comisiones una iniciativa que promete "combatir" el cambio climático mediante estímulos fiscales para quienes instalen azoteas verdes.

La propuesta, impulsada por la diputada Honoria Arellano Ocampo (PVEM), plantea que los 125 ayuntamientos de éste Estado, otorguen bonificaciones de hasta el 10 % en el impuesto predial a propietarios que implementen cubiertas vegetales en sus inmuebles.

El discurso parece impecable: menos calor, mejor calidad del aire, reducción de contaminación y participación ciudadana. Sin embargo, detrás de la narrativa verde aparecen preguntas incómodas: ¿quién podrá pagar estas ecotecnias?, ¿cómo evitar que la medida termine beneficiando únicamente a sectores con mayores ingresos?, ¿qué mecanismos impedirán la simulación y la corrupción?, ¿y por qué el Estado apuesta por incentivos fiscales mientras mantiene rezagos estructurales en agua, residuos y ordenamiento urbano?

Porque el problema de fondo no es sembrar pasto sobre el concreto. El problema es que el concreto sigue ocupando más espacio sin que se regule en una forma real el crecimiento y el impacto del mismo.

México atraviesa uno de los periodos más críticos de estrés hídrico y aumento de temperaturas registrados en décadas. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que más del 70 % del territorio nacional ha enfrentado algún grado de sequía en los últimos años. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advierte además que América Latina será una de las regiones más vulnerables a eventos extremos relacionados con calor y escasez de agua.

En el Valle de Toluca, la contaminación y las llamadas “islas de calor urbano” se han intensificado debido al crecimiento inmobiliario, la reducción de vegetación y el aumento vehicular. Sin embargo este Valle cuenta con una gran ventaja e intervención tecnológica que tal vez pudiera replicarse en todo el Estado debido a su innovación, precisión y monitoreo de resultados, estoy hablando ni más ni menos de el Protocolo de Actuación ante Incendios Forestales, resultado de un trabajo coordinado e interinstitucional entre la Dirección de Medio Ambiente Toluca, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca y la Dirección de Innovación, Planeación y Gestión Urbana de Toluca. Este protocolo permite anticipar y actuar mejor, con lineamientos técnicos y operativos para la prevención, detección, control y extinción de incendios forestales.

Si bien en su Concepción está enfocado en la extinción de un incendio podemos mapear y monitorear los lugares con mayor calor y necesidad de presencia verde y no me refiero meramente al partido. Sería propicio en un momento pudiera plantearse al Estado ya que este monitoreo lleva un control de las temperaturas.

ONU Hábitat estima que las zonas urbanas pueden registrar temperaturas entre 3 y 7 grados centígrados más altas que áreas rurales cercanas debido a la acumulación de concreto y asfalto.

En ese contexto, las azoteas verdes sí representan una alternativa técnicamente viable. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha documentado que pueden disminuir temperaturas interiores, captar partículas suspendidas y mejorar el aislamiento térmico de las edificaciones.

Pero la política pública no se construye únicamente con buenas intenciones técnicas.

El gran vacío: el costo

La diputada Alejandra Figueroa aseguró que una azotea verde debe entenderse como una inversión. El problema es que pocas familias mexiquenses tienen para invertir.

Estudios de la Facultad de Arquitectura y del Instituto de Ingeniería de la UNAM estiman que instalar una azotea verde puede costar entre mil 200 y 4 mil pesos por metro cuadrado, dependiendo de materiales, impermeabilización y capacidad estructural en otras palabras: un proyecto básico podría costar miles de pesos.

Mientras tanto, el Coneval revela que el Estado de México concentra millones de personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad por carencias sociales, especialmente relacionadas con vivienda y servicios básicos.

En municipios del oriente mexiquense, donde predominan viviendas autoconstruidas y falta de agua, pensar en infraestructura verde puede convertirse en un privilegio más que en una solución.

La pregunta es: ¿se trata de una política ambiental incluyente o de un incentivo fiscal diseñado para quienes ya tienen posibilidad económica?

La advertencia más seria dentro del propio Congreso vino de la diputada Ruth Salinas (MC), quien pidió reglas claras para evitar corrupción y simulación.

Y el temor no es exagerado.

México tiene una larga historia de programas ambientales utilizados como escaparates políticos o mecanismos discrecionales. Desde verificaciones ambientales cuestionadas hasta desarrollos inmobiliarios “sustentables” autorizados en zonas ecológicas, el historial institucional no inspira demasiada confianza.

Sin lineamientos técnicos rigurosos, cualquier techo con macetas podría convertirse en “azotea verde” para acceder al beneficio fiscal.

Además, la propuesta aún deja preguntas abiertas:

¿Quién certificará técnicamente las instalaciones?

¿Qué dependencia supervisará el mantenimiento?

¿Cada cuánto habrá verificación?

¿Qué ocurrirá con azoteas abandonadas tras recibir el estímulo y para muestra tenemos el parque Sierra Morelos?

¿Existe capacidad municipal para operar el programa?

En un estado donde muchos ayuntamientos ni siquiera logran garantizar recolección eficiente de basura o manejo adecuado de residuos o apenas están implementando estrategias efectivas, pensar en sistemas de supervisión ambiental especializados parece optimismo.

Alemania y Singapur: los ejemplos que México cita… sin replicar

Los legisladores mencionaron casos “exitosos” de Alemania, Japón, Canadá, Singapur y Ciudad de México. Lo que omitieron es que esos modelos funcionan bajo condiciones muy distintas.

Alemania: infraestructura verde obligatoria ya que es pionera en techos verdes desde los años ochenta, nada más échale lápiz. 

Ciudades como Stuttgart desarrollaron políticas integrales que combinan subsidios, regulación obligatoria, financiamiento público y planeación urbana sustentable, si viene y antecedentes en el Estado de México, no ha habido continuidad.

El éxito alemán nació de una política estructural de ciudad.

Actualmente, cerca del 15 % de los techos planos alemanes cuentan con infraestructura verde, según la Asociación Alemana de Techos Verdes.

Singapur transformó la vegetación urbana en política nacional. Su programa Skyrise Greenery Incentive Scheme subsidia hasta el 50 % de los costos de instalación y mantenimiento.

La diferencia clave es que existe financiamiento estatal permanente, supervisión técnica y continuidad institucional,  replicar ese modelo en municipios mexiquenses con déficits financieros severos resulta difícil.

Por ejemplo la Ciudad de México:

La capital  que impulsó desde hace años programas de naturación de azoteas y beneficios fiscales ambientales. Aunque existen proyectos exitosos, especialistas urbanos han señalado que el impacto sigue siendo marginal frente a la magnitud de la crisis ambiental.

Además, los proyectos se concentran principalmente en zonas con mayor poder adquisitivo.

La ecología urbana, una vez más, corre el riesgo de convertirse en un lujo territorializado.

La contradicción de la iniciativa mexiquense reconoce correctamente los efectos del cambio climático, pero deja de lado el deterioro ambiental del Estado de México que seamos realistas; no se resolverá únicamente con incentivos fiscales individuales pues 

continúan autorizándose desarrollos inmobiliarios masivos; tiraderos irregulares; falta de agua;

y el de transporte sigue dependiendo de combustibles altamente contaminantes.

Se promueve infraestructura verde doméstica mientras el modelo urbano sigue produciendo cemento, calor y desigualdad ambiental.

Entre la urgencia climática y el marketing político

La propuesta del PVEM toca un problema real y urgente. Las azoteas verdes sí pueden ayudar a reducir temperaturas, captar contaminantes y mejorar microclimas urbanos.

Pero convertirlas en política pública exige algo más que descuentos fiscales y discursos ambientalistas.

Se necesita:

regulación técnica estricta,

financiamiento público,

acompañamiento comunitario,

supervisión permanente,

y una estrategia urbana integral.

De lo contrario, el riesgo es alto: transformar la crisis climática en un nuevo escaparate político verde, donde las fotografías de techos ajardinados oculten las mismas desigualdades urbanas de siempre.

Porque sembrar vegetación sobre el concreto no necesariamente cambia la ciudad a veces sólo la decora o la pone a la moda.