El grito de auxilio de los joyeros de Toluca.

El sector de la joyería en el Estado de México enfrenta actualmente una doble problemática que los comerciantes y líderes empresariales han calificado como una forma de asfixia o "hostigamiento", dividida entre la presión regulatoria institucional y la delincuencia.

​La principal fuente de tensión reciente proviene de una estrategia de regularización implementada por la Secretaría de Finanzas del Estado de México, la cual los comerciantes formales perciben como recaudatoria e intimidante.

Diversos locatarios, particularmente en zonas tradicionales como Los Portales de Toluca, han recibido notificaciones de la Dirección General de Regulación (adscrita a la Subsecretaría de Inresos). En ellas se les exige registrarse bajo la figura de "comercializadoras de oro y plata".

Este trámite implica un pago anual cercano a los 30,000 pesos. Los joyeros señalan que la autoridad aplica el cobro de manera pareja, sin distinguir el tamaño del negocio. Para un taller o local pequeño, este monto resulta prohibitivo y amenaza con llevarlos al cierre o a la informalidad.

Lideres comerciales (como el Patronato Pro-Centro Histórico de Toluca) denuncian una sobrerregulación, argumentando que los joyeros establecidos ya pagan impuestos federales (SAT), estatales y licencias de funcionamiento municipales. Además, critican que las autoridades pretendan regularlos bajo un artículo del Código Financiero diseñado originalmente para normar a las casas de empeño que pignoran bienes.

Aunque los documentos legales se emiten bajo el concepto de "invitación", los inspectores aperciben con plazos estrictos (15 días hábiles) y advierten sobre la imposición de multas severas y clausuras, lo que el gremio califica como una forma de presión institucional.

​El segundo frente de hostigamiento es el operativo y criminal. Las joyerías del  estatal.

Ante la falta de claridad en las reglas de operación y las constantes alertas de seguridad, los joyeros mexiquenses han comenzado a buscar asesoría legal colectiva para ampararse contra las disposiciones fiscales estatales, advirtiendo que, de no modificarse la estrategia de la Secretaría de Finanzas, se propiciará un éxodo de inversiones hacia otros estados o un crecimiento del mercado informal.