Entre la Defensa del Territorio y la Criminalización de la Gestión Pública.

​El conflicto surgido en la Delegación Independencia de Toluca no es solo una disputa por el uso de suelo; es un síntoma de la tensión entre el desarrollo económico impuesto y la autodeterminación de las comunidades. La respuesta del Ejecutivo Municipal, al citar el Artículo 203 Bis del Código Penal del Estado de México, marca un precedente preocupante de judicialización de la política.

​La octava regidora, Shantall Zepeda, actúa bajo una doble legitimidad: como representante popular y como vecina afectada. La labor de un regidor es ser el vínculo entre el Cabildo y la ciudadanía. Al abanderar la causa contra el cambio de uso de suelo (de habitacional a industrial/comercial para bodegas), la regidora ejerce su función de contrapeso. Etiquetar esta movilización como "obstrucción a la inversión" es una táctica que busca despolitizar un conflicto social para convertirlo en un expediente criminal, silenciando la exigencia de una consulta ciudadana.

​El Artículo 203 Bis (Obstrucción a la Inversión) está diseñado para sancionar a servidores públicos que, de forma dolosa y fuera de la ley, retrasen trámites para obtener un beneficio o causar daño. Defender la legalidad del ordenamiento territorial vigente (uso habitacional) no constituye, en principio, un acto doloso, sino la defensa del marco jurídico que protege a los residentes. Utilizar el derecho penal para amedrentar a un miembro del mismo cuerpo colegiado por sus posturas políticas debilita el principio de inmunidad parlamentaria y la libertad de expresión necesaria para el cargo.

​Es fundamental analizar si la respuesta del Presidente Municipal constituye Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG). Al amenazar con una pena de 5 a 10 años de prisión y la destitución, se utiliza el poder coercitivo del Estado para anular la voz de una servidora pública. Estas acciones suelen buscar la "disciplina" de las mujeres en política, enviando un mensaje disuasorio: si cuestionas las decisiones del ejecutivo, las consecuencias serán la pérdida de la libertad y el patrimonio.

​Desde un enfoque humano, la consigna "La colonia no se vende, se defiende" refleja el miedo al desplazamiento y a la degradación de la calidad de vida. La llegada de bodegas a zonas residenciales rompe el tejido social y la seguridad de las familias. La movilización pacífica es la última herramienta de una comunidad que siente que sus autoridades priorizan el capital sobre el bienestar humano. Una gestión con rostro humano debería priorizar la consulta ciudadana en lugar de criminalizar la protesta. La inversión es necesaria, pero nunca debe ser a costa del derecho a vivir en un entorno digno y seguro.

​La utilización del derecho penal para silenciar a una mujer en la política no es un hecho aislado. El caso de la regidora Shantall Zepeda se enmarca en la obstrucción del cargo, una forma de violencia que busca cansar o asustar a la servidora mediante amenazas legales. Históricamente, hemos visto casos como el de Eufrosina Cruz (2007), donde se usaron "usos y costumbres" para excluirla, o Felicitas Muñiz (2016), quien enfrentó denuncias penales fabricadas. Recientemente, el INE ha documentado un aumento del 30% en denuncias de regidoras que, al oponerse a proyectos opacos, son acusadas injustamente de obstrucción o daño patrimonial.

​Esto genera un "Efecto Disuasorio" dañino para la democracia: autocensura de otras mujeres en el Cabildo, aislamiento político de la afectada y el desgaste de la identidad comunitaria. Sin embargo, el panorama no es totalmente fatal. Gracias a las reformas de 2020, hoy existen herramientas como el Registro Nacional de Personas Sancionadas, que podría inhabilitar a agresores, medidas cautelares del IEEM y sentencias de restitución que suelen fallar a favor de quienes defienden derechos sociales.

​En sexenios anteriores, el hostigamiento era más "bruto"; hoy es "burocrático-judicial". El uso del Artículo 203 Bis frente a una petición de consulta es un intento de disfrazar de "legalidad" lo que es un intento de silenciar a quien defiende su territorio.

No sabemos el final, pero este fenómeno se está replicando en todo el país. Es vital documentarnos, aprender de nuestra historia y recordar que la inversión económica no puede estar por encima de la vida comunitaria y la ley de género.