"La deuda histórica con los pueblos originarios del Estado de México..."

El día miércoles 6 de mayo pasará a la historia como el día que se dio un paso simbólico y jurídico este jueves en el Congreso mexiquense. Entre discursos sobre dignidad, justicia y autonomía, diputadas y diputados aprobaron una reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, un reclamo que durante décadas permaneció atrapado entre el discurso oficial y la marginación estructural.

La reforma que armoniza la Constitución mexiquense con la modificación federal aprobada en 2024, conjunta iniciativas impulsadas por la diputada priista Leticia Mejía García, la bancada de Movimiento Ciudadano coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, además de aportaciones de las distintas fuerzas políticas de la LXII Legislatura.

Más allá del consenso parlamentario, el hecho tiene un peso histórico: por primera vez en la entidad, los pueblos originarios dejan de ser únicamente reconocidos como sujetos de interés público

para convertirse en sujetos de derecho, con capacidad jurídica y reconocimiento pleno de su libre determinación.

La discusión revive una larga lucha que en México tuvo uno de sus momentos más visibles tras el levantamiento zapatista de 1994, cuando el país volvió la mirada hacia las condiciones de exclusión, pobreza y despojo que durante siglos enfrentaron los pueblos indígenas. Los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 entre el gobierno federal y el EZLN, ya planteaban el reconocimiento de la autonomía y los sistemas normativos indígenas; sin embargo, gran parte de esas demandas quedaron diluidas en reformas posteriores.

En tribuna, el diputado de morena Samuel Hernández Cruz sostuvo que la modificación representa un avance congruente con la transformación nacional y estatal. “Nunca más habrá un México sin sus pueblos originarios y comunidades afrodescendientes”, expresó.

El dictamen, leído por el legislador Edmundo Luis Valdeña Bastida, define a los pueblos originarios como colectividades con continuidad histórica desde las sociedades precoloniales establecidas en territorio mexiquense, que conservan instituciones sociales, económicas, culturales y políticas propias.

La reforma reconoce además a las comunidades indígenas como unidades sociales, económicas y culturales asentadas en un territorio específico, con autoridades elegidas bajo sus propios sistemas normativos. Para su reconocimiento oficial deberán considerarse criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción.

En el Estado de México habitan principalmente pueblos Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlatzinca, además de comunidades indígenas migrantes provenientes de distintas regiones del país. Históricamente, muchas de estas comunidades han enfrentado rezagos en acceso a servicios básicos, justicia, salud y representación política.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento de la libre autodeterminación y autonomía, lo que permitirá a las comunidades decidir sus formas internas de gobierno, organización social y resolución de conflictos, siempre bajo el respeto a los derechos humanos y particularmente a la dignidad de las mujeres.

También se establece el derecho a preservar y proteger su patrimonio cultural y lingüístico; fortalecer modelos de educación intercultural; ejercer y promover la medicina tradicional; así como acceder al uso preferente de recursos naturales en sus territorios, salvo en áreas estratégicas reservadas por el Estado.

La reforma incorpora además garantías para que las personas indígenas cuenten con intérpretes, traductores y defensores especializados en procesos judiciales, uno de los reclamos más antiguos de organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos.

La diputada Leticia Mejía advirtió que el reconocimiento constitucional es apenas el inicio. Señaló que aún falta construir leyes secundarias que permitan aterrizar el acceso a la justicia con pertinencia cultural, garantizar consultas efectivas y proteger realmente el patrimonio territorial y cultural de las comunidades.

Desde Movimiento Ciudadano, la legisladora Ruth Salinas Reyes subrayó que el desafío será presupuestal. “No basta con reconocer derechos en el papel”, planteó al llamar a garantizar recursos públicos suficientes y administrados de manera participativa.

La reforma también extiende este reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanas, cuya presencia histórica en México permaneció invisibilizada durante siglos pese a que diversas investigaciones históricas acreditan la llegada de poblaciones africanas desde la época colonial. Apenas en el Censo de 2020, el INEGI contabilizó formalmente a la población afromexicana como parte de la diversidad étnica nacional.

Previo a su aprobación, el dictamen fue sometido a consulta pública libre e informada en 48 municipios mexiquenses con presencia indígena y afromexicana, un proceso que las comunidades participantes validaron.

Aunque la reforma representa un avance jurídico relevante, especialistas en derechos indígenas han advertido históricamente que el verdadero desafío no radica únicamente en el reconocimiento constitucional, sino en traducirlo en presupuesto, políticas públicas y acceso real a la justicia.

Porque en México, la historia de los pueblos originarios ha estado marcada por promesas largamente aplazadas