Morena enfrenta una de las crisis políticas más delicadas desde su llegada al poder.

Las acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado ya no se quedan en el terreno de la especulación local: hoy colocan en el centro al gobernador de Rubén Rocha Moya, señalado por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa y por el presunto uso de estructuras gubernamentales para operar políticamente durante la elección de 2021.

Lo más incómodo para el oficialismo es que los señalamientos ya no apuntan solamente a actores aislados, sino a una posible red política y administrativa. En las acusaciones también aparecen nombres como Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil, vinculados a áreas estratégicas de gobierno, justicia y finanzas en Sinaloa.

La senadora priista endureció el tono al advertir que “la violencia, el miedo y la presencia del crimen organizado terminaron marcando la vida cotidiana de miles de familias”, mientras acusó a Morena de “seguir minimizando una crisis que hace mucho dejó de ser solamente un tema de seguridad”. Esa frase pega donde más duele: la narrativa de la transformación frente a estados atrapados por la violencia.

Los datos retratan un escenario devastador. Durante esta administración, Sinaloa acumula más de 2 mil 600 homicidios, alrededor de 3 mil 600 personas desaparecidas y más de 3 mil familias desplazadas. A eso se suma el golpe económico: casi 30 mil empleos perdidos y afectaciones que superarían los 70 mil millones de pesos.

Otro punto crítico es la denuncia de que desde 2021 el PRI presentó señalamientos ante la FGR sobre una posible intervención del crimen organizado en procesos electorales, sin que hasta ahora existan avances públicos contundentes. La oposición intenta instalar la idea de una “narcopolítica” tolerada desde el poder, mientras Morena enfrenta el desgaste de una crisis que ya rebasó lo local y empieza a impactar su narrativa nacional.

El trasfondo político es delicado: Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas aparecen nuevamente como ejemplos donde el control territorial del crimen y la debilidad institucional ponen en duda la capacidad del Estado para garantizar seguridad, elecciones limpias y gobernabilidad. Y aunque las acusaciones aún no derivan en resoluciones judiciales, el costo político ya comenzó a instalarse en la conversación pública.