​El acordeón de los jueces y el muro de los poetas: Anatomía del silencio en el México del 2026.

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Por: Ana Moll... arte, palabra y memoria como intervención.

​Hace exactamente un siglo, en 1926, el suelo mexicano se agrietaba bajo el peso de la "Ley Calles". Aquel intento del Estado posrevolucionario por normar la conciencia, vaciar los altares y decretar quién tenía el derecho legal a alzar la voz en la plaza pública arrastró al país al abismo de la Guerra Cristera. Cien años después, en este 2026, los fantasmas del control absoluto no marchan con fusiles ni decretos de caballería; lo hacen con reformas constitucionales, algoritmos de monitoreo y vallas de acero. La ironía de la historia es circular y dolorosa: el deseo del poder por asfixiar el relato incómodo sigue intacto, pero sus mecanismos se han vuelto infinitamente más sofisticados.

​Hoy, la corrupción en México ha dejado de ser un asunto de meras cifras o de funcionarios metiendo la mano al cajón público. Ha mutado en algo mucho más peligroso: la corrupción del ecosistema democrático a través de la opacidad institucionalizada y la domesticación forzada de la palabra.

​Romper el corazón del sistema: Las raíces de la podredumbre

​Para entender el nudo ciego del presente hay que desenterrar la raíz. La palabra corrupción proviene del latín corruptio, una composición quirúrgica de con (junto) y rumpere (romper). En su origen más puro y orgánico, los romanos la usaban para describir la carne vieja o la fruta pasada; aquello que se pudre y pierde su estado natural. Cuando el concepto saltó al derecho y a la política con el célebre juicio de Cicerón contra el gobernador Cayo Verres en el 70 a.C. acusado de saquear los templos y exprimir a los ciudadanos de Sicilia, el significado quedó claro: la corrupción es el acto de "romper el corazón del sistema" para el beneficio de un solo saco.

​En México, esa descomposición no nació con las siglas de ningún partido moderno; es una inercia estructural que arrastramos desde hace siglos. En la Colonia, los cargos públicos literalmente se compraban y vendían como inversiones privadas, naciendo ahí el cínico lema burocrático de "obedezco pero no cumplo". En el siglo XIX, Antonio López de Santa Anna financió sus excentricidades y campañas militares vaciando un erario donde los ministros de Hacienda duraban apenas meses. Más tarde, el Porfiriato perfeccionó la red de favores entregando tierras y ferrocarriles en exclusiva a "Los Científicos", mientras popularizaba el "chayote" para comprar las plumas de la prensa. Cuando Álvaro Obregón soltó en plena Revolución aquella máxima de que "no hay general que aguante un cañonazo de 50 mil pesos", no hizo más que institucionalizar el soborno como la herramienta de gobernabilidad suprema. Los gobiernos posteriores no inventaron el vicio; heredaron una estructura débil y la convirtieron en sistema.

​La psicología del autoengaño y el "currículum oculto"

​¿Por qué esta maquinaria es tan resistente al paso del tiempo? La psicología social explica que el cerebro humano es un maestro de la disonancia cognitiva: la incomodidad de saber que actuamos mal nos obliga a inventar justificaciones. El corrupto rara vez se asume como el villano de la historia; prefiere racionalizar su conducta bajo el cobijo del "todos lo hacen" o "el que no transa no avanza". Según el clásico modelo sociológico del "Triángulo del Fraude" de Donald Cressey, para que un acto corrupto se consume deben alinearse tres factores: la presión (o ambición), la oportunidad y la racionalización. En un sistema con altos índices de impunidad, la oportunidad es una puerta abierta de par en par.

​Lo verdaderamente alarmante es que este comportamiento no se adopta al llegar a un cargo público; se cultiva con paciencia desde la infancia a través de lo que la pedagogía llama el currículum oculto: todas esas lecciones invisibles que las escuelas enseñan fuera de los libros oficiales. Es el aula tolerando al alumno que copia con el "acordeón" porque el resultado importa más que el proceso; es el influyentismo cotidiano cuando se busca el privilegio mediante el "mejor regalo" el Día del Maestro.

​Esta normalización de la trampa es alimentada por las industrias culturales que consumimos. Está en el arte y la literatura, desde el retrato de la dignidades entregadas al dictador en "La fiesta del Chivo" de Vargas Llosa, hasta la burocracia ciega de "El coronel no tiene quien le escriba" de Gabriel García Márquez. En las pantallas grandes, el cine nacional de los noventa utilizó el cinismo y la risa como anestesia en cintas como "Todo el poder", dejando al espectador con un sentimiento de resignación. Incluso el consumo global de Marvel o Disney educa a los niños bajo la premisa de que el héroe tiene permitido mentir, hackear, engañar o sobornar si su causa es "buena". Aprendemos, desde la cuna, que las reglas son elásticas y que el fin justifica los medios.

​El acordeón de Estado y las urnas de la justicia

​Esa cultura del mínimo esfuerzo y la trampa consentida ha escalado hasta convertirse en política de Estado. El ejemplo más nítido se ha vivido en el complejo entramado de las recientes elecciones y selecciones de jueces, magistrados y ministros. Cuando la sociedad observa comités de evaluación que flexibilizan los estándares, fallas en los filtros de transparencia o perfiles que avanzan impulsados por la lealtad política por encima de la excelencia académica, el ciudadano de a pie no experimenta una sacudida democrática; lo que ve es el reflejo exacto del salón de clases. Es el "acordeón escolar" institucionalizado en las más altas esferas del poder judicial. El mensaje que se derrama hacia las nuevas generaciones es devastador: el mérito, el estudio y la honestidad son irrelevantes si se cuenta con el cobijo del influyentismo correcto.

​La maquinaria del silencio en el 2026...

​El giro más perverso de nuestra actualidad no es solo que la trampa se institucionalice, sino que el poder en sus diferentes niveles y trincheras ideológicas intente desmontar los ojos que la vigilan y acallar las voces que la narran. El ecosistema público de este 2026 opera bajo tres candados de opacidad:

Con la consumada desaparición del INAI y la absorción de la transparencia por parte de la misma estructura gubernamental que debe ser auditada, el acceso a la información vuelve a ser un monopolio centralizado. Lo que el periodismo civil sacó a la luz en el pasado mediante solicitudes de información hoy entra en una zona de sombra. Si no hay datos públicos accesibles, la corrupción se vuelve invisible por decreto.

Esta obsesión por la narrativa no solo se respira en los pasillos federales, sino que dicta la gobernanza municipal. En el plano local mexiquense, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, expuso recientemente en su conferencia de prensa que la administración mantiene un seguimiento técnico y en tiempo real de las redes sociales y los noticieros virtuales. El alcalde matizó la postura oficial distinguiendo minuciosamente entre el legítimo debate ciudadano y aquellos contenidos que, a su consideración, caen en el terreno del influyentismo, el amarillismo o el discurso de encono. Esta metodología institucional, planteada como un termómetro de la percepción social, evidencia que las plataformas digitales locales están bajo una permanente observación por parte de la autoridad.

En el ámbito legislativo, las tentaciones de regulación ya rozan terrenos históricos. En un hecho que evoca las restricciones del siglo pasado, se colocó sobre la mesa una propuesta impulsada en el plano local por un diputado del estado de Tamaulipas legislador que, de manera paralela, ha enfrentado restricciones recientes en su acceso migratorio a los Estados Unidos que busca acotar las opiniones de carácter político y social emitidas por los ministros de culto en internet. Aunque permanece como una iniciativa en vías de discusión, el solo planteamiento de abrir la puerta a la censura de la conciencia moral o religiosa enciende las alarmas sobre los alcances que se pretenden dar a la legislación del discurso.

​Al final de esta línea de control, el costo ya no se mide en pesos, sino en vidas. Los cercos monumentales que amurallan físicamente el Palacio Nacional para impedir que las familias de las víctimas cuelguen las lonas que denuncian el dolor y el "narco-gobierno" son la viva imagen del aislamiento voluntario: si la herida no se ve en la plaza, no existe en el discurso de la televisión. Mientras tanto, México se mantiene como uno de los territorios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desaparecer o asesinar a un reportero que investiga el pacto criminal o el desvío de recursos locales es el acto de corrupción definitivo: es romper de tajo el derecho de una comunidad entera a conocer su propia realidad.

​Una reflexión personal...

​Ante una maquinaria que borra los datos, vigila las redes, amuralla los palacios y quiebra las plumas, la labor comunicativa no puede ser la de un simple espectador pasivo. No nos podemos conformar con el cinismo de las pantallas que nos dice que nada va a cambiar.

​Hoy más que nunca, defender el arte, la palabra y la memoria no es un ejercicio estético; es un acto de intervención social urgente.

​El Arte es la grieta en el muro; es la capacidad de hacer visible el dolor que las vallas de acero pretenden esconder.

La Palabra es la resistencia frente al algoritmo que clasifica y al poder que intenta regular los altares de la libre conciencia.

​La Memoria es el antídoto contra el eterno retorno de los fantasmas de 1926. Recordar de dónde venimos es la única herramienta para evitar que nos vuelvan a imponer el silencio como norma de convivencia.

​A un siglo de la Guerra Cristera, la batalla ya no es por los templos de piedra. La disputa actual es por los templos de la verdad, la libertad de imprenta y el derecho a disentir. Si permitimos que el "acordeón" sustituya a la justicia, que la transparencia se vuelva sombra y que las voces locales callen por temor, habremos dejado que rompan por completo rumpere el corazón de nuestra sociedad. Y una sociedad con el corazón roto no camina; solo obedece.