El sector transporte del Estado de México se encuentra al borde de un colapso inminente...!

El sector transporte del Estado de México se encuentra al borde de un colapso inminente, asolado por una tormenta perfecta que combina extorsión criminal, parálisis burocrática y una profunda red de corrupción institucional que ha llevado a los operadores al límite de su resistencia. Lo que comenzó como un reclamo por trámites lentos se ha transformado en un clamor profundo por la supervivencia económica y la seguridad física de miles de familias. La advertencia es clara y contundente: si el gobierno del estado no frena el caos y limpia la Secretaría de Movilidad, el próximo 11 de junio, en pleno escaparate internacional por la inauguración del mundial en la Ciudad de México, las principales arterias viales de la entidad se paralizarán en una protesta masiva. Aquí radica la contradicción más dolorosa para el gremio, pues la premisa insignia del actual gobierno de "primero los pobres" y el compromiso de priorizar la atención a las clases trabajadoras hoy se estrella de frente contra la realidad de los transportistas, quienes se sienten atrapados en la indefensión absoluta, desamparados por el Estado y asfixiados por un tejido criminal que no da tregua.

Este amago de movilización no es un hecho aislado, sino el síntoma de un abandono histórico que hoy alcanza niveles inéditos. Durante décadas, bajo las administraciones del PRI, el gremio fue maniatado y utilizado como capital político, obligado a costear de su propio bolsillo exigencias de renovación tecnológica que solo sirvieron para nutrir operativos viciosos y extorsiones por parte de los inspectores. Sin embargo, la gran paradoja de la transición es que el cambio de régimen prometía justicia social y lo que trajo fue una escalada de violencia como nunca antes se había visto. Los transportistas quedaron a merced del crimen organizado en su forma más brutal, enfrentando el cobro generalizado de derecho de piso y la quema de unidades nuevas a plena luz del día; un terror cotidiano y descontrolado que en su momento los orilló a levantar "autodefensas" civiles ante la total inacción y el vacío que dejaron las autoridades encargadas de proteger al pueblo.

Hoy, la narrativa oficial de rescate y bienestar contrasta de manera alarmante con la descomposición interna de las instituciones. Aunque el sector manifiesta su total respaldo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el *Movimiento Transportista Mexiquense* ha roto de manera definitiva la interlocución con el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, a quien acusan de incompetencia y de gobernar únicamente para el sector del Mexibús, ignorando por completo a la iniciativa privada y a los pequeños concesionarios que forman la verdadera base popular del estado. Los compromisos pactados desde el 8 de enero de 2024 para una regularización sin costo han quedado en el olvido. Las gacetas oficiales no se respetan y las ventanillas de atención están secuestradas por mandos medios que operan bajo dinámicas de corrupción al mejor postor. Mientras las plataformas digitales particulares ofrecen soluciones inmediatas, el transporte público regulado —ese que sostiene la movilidad de las clases de menores recursos— sufre un rezago tecnológico donde un trámite de placas tarda entre dos y cuatro meses debido a la ineficacia burocrática.

Esta parálisis administrativa asfixia las inversiones de los concesionarios y pulveriza el patrimonio familiar de quienes menos tienen. Adquirir un camión en la actualidad implica una inversión de 2 millones 700 mil pesos, una combi ronda el millón y un automóvil los 400 mil pesos, sumando a esto pólizas de seguro que superan los 57 mil pesos. Los transportistas están pagando deudas e intereses de unidades que el propio gobierno mantiene paradas por trabas de oficina, dejándolos en la quiebra mientras el discurso político habla de austeridad y desarrollo. Por ello, el pliego petitorio exige reformas profundas: la flexibilización de la norma técnica para extender la vigencia de los vehículos a 13 años, el acceso real a beneficios fiscales y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y destitución inmediata de funcionarios clave dentro de la Semov, como José Guadalupe Luna Hernández, Luz María Esparza Martínez, Sergio García Romero y Reynaldo Rigoberto Delgado Reynoso, señalados por anteponer compromisos monetarios particulares al bienestar común.

El descontento es generalizado y unifica a los trabajadores de Toluca, el Valle de Toluca, Ecatepec, la Zona de los Volcanes, Nezahualcóyotl, Coacalco, Tultitlán, Tlalnepantla, Naucalpan y Huixquilucan, bajo la guía de liderazgos como Jorge Camacho, José Luis García y Miguel Barrera, quienes exigen un respeto irrestricto al *Plan Colibrí* para alcanzar una seguridad digna y eficaz. Ante una afrenta delictiva que incluye la destrucción de sus herramientas de trabajo y la desatención de sus autoridades, el gremio ha tomado una postura inédita al solicitar formalmente la intervención de las fuerzas armadas del Estado para garantizar el orden. La exigencia actual no es solo administrativa; es un grito desesperado por rescatar la dignidad de un sector que mueve a millones de mexiquenses y que hoy denuncia que, lejos de ser los primeros en recibir atención, han sido los primeros en quedar desprotegidos ante la corrupción institucional y la delincuencia desbocada que los carcome desde dentro.