Entre la presunción de inocencia y el colapso institucional: Los vacíos del sistema de justicia ante el estigma social

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Por: Ana Moll 

​En los últimos años, los protocolos institucionales de prevención de violencia de género y la visibilización de denuncias en entornos educativos han buscado saldar una deuda histórica con la protección de las víctimas. Sin embargo, la implementación de estos esquemas ha puesto al descubierto fallas estructurales dentro de los órganos procuradores de justicia y de las propias instituciones educativas.

​El caso reciente en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México vuelve a encender las alarmas sobre el funcionamiento de los procesos judiciales. Cuando un sistema de justicia es deficiente, lento o corrupto, se generan dos escenarios igualmente destructivos: la impunidad para las verdaderas víctimas y el desamparo procesal para quienes enfrentan acusaciones, vulnerando principios constitucionales básicos como la presunción de inocencia.

​La crisis del debido proceso y la "cancelación"

​En el contexto actual de hiperconectividad y movimientos de denuncia pública, el estigma social suele anteponerse al veredicto de un juez. Quien enfrenta una acusación formal o pública se topa frecuentemente con:

​Medidas cautelares desproporcionadas: Procesos penalizados desde la prisión preventiva antes de que se demuestre la responsabilidad.

​El costo económico y laboral: El desgaste financiero que implican las defensas legales en procesos prolongados.

​La condena pública antecedente: El fenómeno de la "funa" o linchamiento digital, donde la reputación y la vida profesional quedan destruidas irremediablemente, incluso si las autoridades dictaminan la absolución posterior.

​Un sistema colapsado en ambos frentes

​El problema no reside únicamente en la acusación, sino en la incapacidad del Estado para procurar justicia expedita, imparcial y científica. Cuando las fiscalías no investigan con celeridad y perspectiva objetiva, el procedimiento se convierte en una sanción anticipada y un negocio para las redes de corrupción.

​Por otro lado, la falta de centros de mediación, apoyo psicológico integral e investigación rigorosa en los planteles escolares convierte a las escuelas en campos de batalla donde se rompe el tejido comunitario.

​Es urgente revisar las reformas judiciales y los protocolos de actuación en instituciones educativas para garantizar que la protección de los derechos de las víctimas no cancele los garantismos penales de los imputados. Una justicia que destruye la vida antes de investigar o que empuja a las personas al desespero no es justicia: es el síntoma de un sistema en colapso.

​Líneas de ayuda y apoyo emocional:

Si tú o alguien que conoces está atravesando por un momento de crisis, desesperación o pensamientos de autolesión, existen instituciones y profesionales capacitados para brindar apoyo de forma confidencial y gratuita:

• ​Línea de la Vida (México): 800 911 2000 (disponible 24/7).
• ​SAPTEL (Servicio de Apoyo Psicológico por Teléfono): 55 5259 8121.