- Más de 150 empleados de todas las áreas fueron convocados por WhatsApp por altos directivos para recoger sus bajas en un café comercial, sin respuesta de su liquidación.
- Involucran al Director de Administración y al titular del OIC en las citaciones informales; afectados preparan el colapso vial de Toluca en Pino Suárez y Las Torres.
La reestructuración institucional en el Estado de México se estrelló de frente contra la calle. Mientras el Congreso mexiquense aprueba a marchas forzadas que la Contraloría del Poder Legislativo asuma las tareas de transparencia y protección de datos, a unos cuantos metros de la sede legislativa la realidad se escribe con despidos informales, señalamientos directos a mandos salientes y la amenaza inminente de un colapso vial en las principales arterias de la capital.
A casi un mes del cierre oficial del Instituto de Transparencia del Estado de México (INFOEM), ocurrido el pasado 1 de octubre, la cifra de damnificados laborales supera las 150 personas de todas las áreas de la dependencia. El organismo creado para garantizar el derecho a la verdad opera hoy bajo su propia sombra y con una logística de despido desmantelada de todo protocolo oficial.
Convocados por WhatsApp y citados por directivos en un café
De acuerdo con testimonios y filtraciones internas, la entrega de documentos de baja no se realizó en oficinas gubernamentales, sino en mesas de una conocida cadena de cafeterías en "Plaza Mayor". La convocatoria se manejó mediante mensajes de texto en grupos institucionales de WhatsApp por dirección, citando al personal a horas específicas.
Según señalan las víctimas, las convocatorias e instrucciones fueron giradas y coordinadas por altos mandos del extinto instituto, entre los que identifican a:
- Juan Miguel Bernal Espinosa, Director de Administración y Finanzas.
- Abigail Sánchez Lino, Jefa del Departamento de Adquisiciones.
- Brendalit Díaz Cardoso, Subdirectora de Finanzas.
- Mónica Marilú Chaparro Campos, Secretaria Particular de Presidencia.
- Víctor Augusto Armenta Landa, Titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INFOEM.
A pesar del involucramiento de estas figuras clave en el proceso de entrega de bajas, a los más de 150 trabajadores no se les ha presentado formalmente al liquidador asignado ni se les ha garantizado una fecha clara para el pago de sus liquidaciones y adeudos prestacionales conforme a la ley.
"No denuncien o no hay pago": La sombra de la intimidación
A la falta de liquidador formalmente presentado y al retraso en el pago de prestaciones y bonos adeudados desde 2025, se suman advertencias explícitamente diseñadas para ahogar el reclamo público: "No muevan nada, no denuncien, porque si no van a atrasar la liquidación", es la consigna que han recibido de sus mandos inmediatos.
El conflicto escaló a nivel institucional cuando la Secretaria de la Contraloría estatal, Hilda Salazar Gil, admitió en comparecencia que la dependencia carece de presupuesto para liquidar al personal del extinto organismo autónomo, arrojando la responsabilidad a la Secretaría de Finanzas sin precisar fechas, montos ni un responsable con nombre y apellido.
Del escritorio al asfalto: El riesgo de paralizar Toluca
La indignación acumulada ya rebasó los canales burocráticos. Ante el desamparo institucional, la informalidad de los procesos y la evasiva sistemática de las autoridades, los más de 150 afectados han iniciado la organización para tomar las calles. El bloqueo de los cruces estratégicos de las avenidas Pino Suárez y Las Torres es la medida límite con la que buscan obligar a la administración estatal y a los legisladores a pasar del discurso de la austeridad a la responsabilidad legal.
La crisis coloca en un dilema de imagen y gobernabilidad al Poder Legislativo y al Gobierno del Estado: mientras se promete a la ciudadanía una nueva era de "máxima publicidad" gestionada desde las entrañas del poder, el costo humano de la transición se intenta archivar mediante la opacidad, la informalidad y el señalamiento a los propios mandos administrativos.
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