Toluca evoluciona el modelo de impulso emprendedor hacia un acompañamiento integral con la EMET

En la dinámica económica local, la reactivación de los negocios familiares y los microproyectos suele medirse a través de indicadores de financiamiento. Sin embargo, la efectividad real de las políticas de desarrollo municipal reside en la capacidad de transformar los apoyos tradicionales en capacidades permanentes para la ciudadanía.

El Comunicado 1043/2026 marca un punto de inflexión en esta estrategia: la Escuela Municipal de Emprendimiento de Toluca (EMET) dio la bienvenida a 486 integrantes en su segunda generación con una notable participación femenina del 70%, consolidando un esquema que busca ir más allá del asistencialismo económico directo.

Del esquema asistencial a la profesionalización técnica

Históricamente, los esfuerzos municipales en el Estado de México para detonar el emprendimiento —como los fondos de microcrédito y apoyos a fondo perdido de administraciones anteriores (ejemplo de ello fueron esquemas como el FONTOL)— centraron su impacto en la dispersión de recursos económicos inmediatos. Si bien facilitaban liquidez inicial, la ausencia de capacitación técnica, asesoría fiscal y seguimiento legal provocaba que muchos proyectos sucumbieran en sus primeros meses de operación.

La propuesta actual modifica este enfoque mediante un trayecto estructurado:

 •Ruta de formación integral: Diagnóstico, profesionalización, vinculación estratégica y apalancamiento financiero.

 • Respaldo institucional y académico: La colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y la participación de figuras del sector económico nacional e internacional, como la empresaria Patricia Armendáriz, aportan un marco metodológico formal que valida el valor comercial de los proyectos en el mercado formal.

Herramientas para la inserción en el mercado formal

El paso de la informalidad al sector regulado representa uno de los mayores obstáculos para las micro y pequeñas empresas. Para contrarrestar esta brecha, la EMET articula incentivos operativos que reducen de forma directa la carga administrativa y financiera de los participantes:

 •Trámites y registros: Asesoramiento directo para el registro de marcas y patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

 •Cero costo en licencias: Emisión de la licencia de funcionamiento sin costo para los egresados, eliminando la traba tramitológica inicial.

 • Educación fiscal y financiera: Herramientas prácticas en materia administrativa que aseguran la viabilidad financiera a largo plazo.

Indicadores de compromiso y sostenibilidad económica

La viabilidad de esta política pública se sustenta en los antecedentes inmediatos reportados por la administración municipal:

 * Sostenibilidad crediticia: El dato expuesto por el alcalde Ricardo Moreno respecto al retorno del 100% en los microcréditos otorgados durante 2025 demuestra que la combinación de financiamiento con mentoría garantiza una alta tasa de cumplimiento y responsabilidad por parte de los beneficiarios.

 * Continuidad de resultados: Los 303 graduados de la primera generación que hoy cuentan con licencias, marcas registradas y vinculación comercial sirven como prueba de concepto de que la suma de esfuerzos entre gobierno, academia e iniciativa privada es un camino efectivo para dinamizar la economía local.

Impacto en la estructura económica local

El consolidar una segunda generación con cerca de 500 participantes permite prever un impacto multiplicador en las delegaciones de Toluca. La EMET deja de ser un taller de capacitación aislado para estructurarse como un nodo de desarrollo económico local, donde el talento individual encuentra el respaldo institucional necesario para convertirse en fuente de empleo y estabilidad comunitaria.

Amplía Gobierno municipal de Toluca campaña de descuentos en agua y conexiones

Beneficios de hasta el 100% de descuento en recargos de 2026 y años anteriores.

La campaña estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

 Con el objetivo de apoyar la economía de las familias toluqueñas y fomentar la regularización patrimonial, el Gobierno municipal de Toluca anunció la ampliación de la campaña de bonificaciones para el pago del servicio de agua potable, alcantarillado y conexiones, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

A través de esta iniciativa, los contribuyentes con servicios de uso particular o comercial podrán regularizar su situación de fiscalización y rezago aprovechando los siguientes incentivos:

100% de descuento en recargos: Aplica para adeudos de agua potable, drenaje y alcantarillado (uso doméstico y no doméstico), así como en la regularización de la recepción de caudales de aguas residuales, correspondiente al año 2026 y periodos anteriores.

50% de descuento en conexiones: Dirigido a la regularización de predios vinculados con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

38% de descuento adicional: Destinado a personas en situación de vulnerabilidad que cuenten con servicio de uso doméstico.

Atención y trámites

Para solicitar los beneficios, recibir orientación o consultar los requisitos específicos, las y los interesados pueden acudir de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, a cualquiera de las oficinas de atención y cobro del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca. Asimismo, se encuentra disponible la línea telefónica 722 275 5700 para asesoría personalizada.

La Ley Mariana Lima no puede ser letra muerta ante la inercia de la Fiscalía

La memoria no es un adorno institucional ni un trámite burocrático; es una trinchera. En una entidad donde la violencia feminicida no cesa y los índices de impunidad mantienen en vilo a miles de mujeres, la palabra se convierte en el único territorio para sostener la exigencia. La entrada en vigor de la Ley Mariana Lima Buendía en el Estado de México no es una concesión del poder: es el resultado del calvario, la tenacidad y el amor de una madre que se negó a permitir que el nombre de su hija fuera sepultado por la indolencia del Estado.

Sin embargo, las leyes en el papel no frenan los delitos si las instituciones encargadas de procurarla continúan inmóviles. Durante su intervención, Irinea Buendía Cortés fue contundente: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no está haciendo nada efectivo para evitar que los feminicidas sigan cortando vidas. La inacción institucional sigue siendo el terreno fértil donde germina la impunidad. Ninguna madre debería verse obligada a convertirse en investigadora, perito ni abogada; ninguna familia tendría que enfrentar más de 140 audiencias y años de desidia para arrebatarle a la burocracia una sentencia justa.

Ante esta parálisis operativa, el llamado escala directamente a la titular del Ejecutivo estatal. Es indispensable que la gobernadora ejerza la presión institucional y política necesaria sobre la Fiscalía y los órganos de justicia para que esta ley entre en vigor con todas las de la ley, con dientes, presupuesto y vigilancia estricta. La protección y salvaguarda de la integridad de las mujeres a lo largo y ancho de los 125 municipios del Estado de México no puede depender de discursos, sino de una voluntad política firme que obligue a actuar a las autoridades omisas.

La Ley Mariana Lima contempla sanciones de cuatro a diez años de prisión, destitución e inhabilitación para aquellos servidores públicos que incurran en negligencia, corrupción o revictimización. Se trata de una medida que señala directamente la responsabilidad del Estado: cuando las instituciones omiten o dilatan, se convierten en cómplices. Asimismo, exige desempolvar los expedientes congelados para romper esa perversa lógica burocrática donde los casos no se investigan al principio "por ser nuevos" y luego se abandonan "por ser viejos".

Nombrar esta realidad es un acto de memoria activa y de intervención colectiva. Recordar cada obstáculo superado por Irinea Buendía es indispensable para evitar la amnesia de las autoridades en turno. La ley ya está aprobada; hoy le corresponde a la gobernadora y a la ciudadanía vigilar que la Fiscalía cumpla con su deber primario. Ni una madre más en los tribunales haciendo el trabajo del Estado. Ni una sola mujer más arrojada a la incertidumbre o a la violencia en la entidad.

Avalan en comisiones propuesta para instalar sistemas de reciclaje en el transporte público mexiquense

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Protección Ambiental y Cambio Climático de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron un dictamen para reformar el Código para la Biodiversidad y la Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatales. La iniciativa, impulsada por la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio (Morena), busca instar a las secretarías de Medio Ambiente y Movilidad a implementar mecanismos de recolección y reciclaje de residuos sólidos urbanos en estaciones del transporte masivo.

La medida priorizará el manejo de materiales como plástico, vidrio y aluminio en puntos de alta afluencia de pasajeros. Durante la sesión presidida por el diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM), se destacaron los siguientes datos clave expuestos por las y los legisladores:

En la entidad se producen cerca de 17 mil toneladas diarios de residuos, de las cuales solo el 11% se recicla.

Tratar y disponer de la basura cuesta un promedio de 1,500 pesos por tonelada. Por cada tonelada reciclada, se estima un ahorro de 2,500 pesos para las finanzas públicas (diputado Gerardo Pliego Santana).

Gran parte de los plásticos no recolectados obstruyen redes de drenaje o contaminan caudales, como el Río de los Remedios.

La reforma se articula con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El volumen de residuos en la zona metropolitana.

El Estado de México es la entidad federativa más poblada del país (con más de 17 millones de habitantes). Esta densidad poblacional se traduce en la generación de casi una décima parte de la basura total del país. La falta de infraestructura de separación desde el origen causa saturación en los tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios de la entidad.

Transporte masivo como nodo estratégico de captación

Sistemas de transporte de alta demanda como el Mexibús y el Mexicable conectan diariamente a millones de usuarios en municipios del Valle de México (como Ecatepec, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Tecámac) y del Valle de Toluca. Instalar contenedores y sistemas de reciclaje (como máquinas de depósito de botellas PET a cambio de incentivos o saldo) aprovecha estos nodos de alta densidad peatonal para interceptar residuos antes de que lleguen a la calle o al drenaje.

El Río de los Remedios: De cauce natural a canal de residuos

El Río de los Remedios atraviesa municipios clave del nororiente mexiquense (Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl) hasta conectar con la Ciudad de México.

Originalmente formaba parte de la cuenca hidrológica del Valle de México. A medida que el crecimiento urbano informal e industrial se aceleró a mediados del siglo XX, el cauce fue entubado por tramos y canalizado para cumplir funciones de drenaje combinado (pluvial y de aguas negras).

Durante décadas, el río se convirtió en un símbolo de la contaminación urbana regional. La acumulación de plásticos, botellas y desechos voluminosos genera taponamientos recurrentes que derivan en severas inundaciones durante la temporada de lluvias, afectando a miles de viviendas aledañas.

Propuestas de reciclaje asociadas a la movilidad ya se han puesto a prueba a escala piloto en la Zona Metropolitana del Valle de México. Proyectos previos tanto gubernamentales como de la iniciativa privada han instalado "máquinas recicladoras" en estaciones del Metro y Metrobús de la CDMX y en paraderos del Mexibús, donde los ciudadanos intercambian PET o latas por puntos en tarjetas de transporte o descuentos, estableciendo un antecedente directo de la cultura de reciclaje urbano en la región.