La ley no se negocia ni se pisotea bajo el pretexto de la resistencia vecinal o familiar. La mañana de este martes, una diligencia judicial ordenada en la delegación de San Pedro Totoltepec se convirtió en escenario de confrontación y violencia directa, dejando al descubierto los riesgos a los que se enfrenta diariamente el personal que labora en el cumplimiento de mandatos legales en nuestro municipio.
De acuerdo con la información oficial emitida por el Gobierno Municipal de Toluca, dos actuarios adscritos al Poder Judicial del Estado de México y dos elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de la capital mexiquense fueron brutalmente agredidos por civiles.
Los hechos: Del amago al repliegue táctico
El operativo tenía un propósito estrictamente institucional: brindar el resguardo y la seguridad perimetral solicitada por la autoridad competente en un domicilio particular de dicha comunidad toluqueña. Sin embargo, al arribar al punto, un grupo de personas se opuso de forma abierta al desarrollo del procedimiento legal.
La tensión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física directa tanto contra los representantes del Poder Judicial como contra los uniformados municipales. Ante la hostilidad y con la prioridad ineludible de salvaguardar la integridad física del personal actuante, los elementos tomaron la decisión táctica de replegarse momentáneamente para evitar una tragedia mayor.
Lejos de quedar en la impunidad, la situación ameritó la activación inmediata de protocolos de reacción con un grupo de apoyo operativo. Esta intervención permitió contener a los agresores y concretar la detención de la persona señalada como probable responsable material de las agresiones físicas. El implicado fue trasladado de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instancia que definirá su situación jurídica.
Cero tolerancia al ataque a la autoridad
Frente a estos lamentables hechos, el Ayuntamiento de Toluca emitió una postura firme y categórica, condenando enérgicamente cualquier manifestación de violencia en contra del personal que actúa en estricto cumplimiento de la ley.
Desde la perspectiva institucional, se subraya un principio fundamental para la convivencia democrática: el ataque a la autoridad jamás puede ni debe normalizarse bajo ninguna circunstancia, pues vulnera el Estado de derecho que sostiene la paz social en nuestra demarcación.
Asimismo, la autoridad municipal puntualizó los límites y alcances de su intervención:
Función de resguardo: La actuación policial se circunscribió exclusivamente a otorgar seguridad perimetral durante una orden emitida por un juez, actuando dentro de los márgenes de sus atribuciones constitucionales y legales.
Respeto a competencias: El gobierno local aclaró que no le corresponde emitir juicios de valor ni pronunciarse sobre la responsabilidad civil o penal de los involucrados, facultad conferida de manera exclusiva a los órganos ministeriales y judiciales.
La Dirección General de Seguridad y Protección reiteró su plena disposición para colaborar de manera estrecha con las instancias de procuración de justicia, exigiendo que las investigaciones se conduzcan bajo los principios de legalidad, estricto respeto a los derechos humanos y debido proceso.
