​Voces, memoria y comunidad: El sector cultural respalda la creación de la Ley de Cultura en el Estado de México

Por: Ana Moll; arte palabra y memoria como intervención. Toluca, Estado de México.

​Ayer, el corazón de Toluca se convirtió en el epicentro de un reclamo histórico y de un diálogo impostergable. Pintores, promotores culturales, colectivos independientes y gestores de teatro se dieron cita en el centro de la capital mexiquense, no solo para atestiguar, sino para intervenir y respaldar con su presencia el Foro Internacional para la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de México, celebrado en el Salón Benito Juárez del Poder Legislativo.

​Ante la urgencia de transitar de la retórica a la acción comunitaria, la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule (Morena) y Nelly Minerva Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo de la entidad, coincidieron en la necesidad imperativa de edificar un marco jurídico moderno e incluyente que rescate la memoria viva, garantice el acceso a las artes y proteja el vasto patrimonio biocultural y material de la entidad.

​"La cultura no es un ornamento ni un privilegio de élites; es un derecho humano, un eje de paz y un motor para resarcir el tejido social"

​El arte como trinchera y la memoria como derecho

​Durante el encuentro; fruto de la colaboración entre el Congreso local y el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez se enfatizó que una legislación legítima no se escribe detrás de un escritorio, sino escuchando el latido de los barrios, las comunidades indígenas y los creadores independientes.

​La legisladora Daniela Ballesteros subrayó el compromiso de mantener las puertas abiertas de la “Casa del Pueblo” para incorporar activamente a artistas, académicos y colectivos, asegurando que:

​“Tenemos la responsabilidad de construir un marco jurídico moderno, sensible y cercano a la realidad de nuestra gente; una ley que no se quede solamente en el discurso, sino que contribuya a garantizar el acceso a la cultura, proteger nuestro patrimonio e impulsar a quienes dedican su vida al arte”.

​Por su parte, la secretaria Nelly Carrasco apuntó que la sostenibilidad cultural implica reconocer las cocinas tradicionales, las lenguas, los museos y las festividades como herencias milenarias. Aseguró que las mesas de trabajo previas buscan dotar a la ley de un profundo arraigo comunitario, asumiendo la cultura como una política pública orientada al bienestar colectivo.

​Para nutrir la discusión con una perspectiva global de pluriculturalidad, el foro contó con las ponencias de diplomáticos y especialistas internacionales, entre ellos Patrick Herman (Embajador de Bélgica), Ainhoa Apezteguia Tejada (Delegada del Gobierno Vasco), Eva de Mingo Nieto (Consejera Cultural de España) y Sebastián Jaime Labra Grez (Encargado de Negocios de la Embajada de Chile)

​El esfuerzo que hoy inicia el Estado de México, donde la materia sigue sujeta de forma limitada a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal no es un hecho aislado, sino parte de una pugna histórica que enfrenta tensiones. Aunque a nivel federal se cuenta con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (promulgada en 2017 misma que fue el resultado de un largo estira y afloja entre la burocracia política de ese entonces promovida por integrantes del PAN y del PRD quienes la promovieron en fast track con tres asesores del momento y que fue aceptada con 366 votos y siendo parte de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Aquí vemos un patrón interesante porque la mayoría de los grandes avances y logros de la cultura nacen o se gestan desde la cinematografía y evidentemente la urgencia de la comunidad artística quienes asumieron el costo político de sacarla antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña y un trabajo previo que no hay que olvidar del antropólogo Eduardo Nivón Bolán que venían empujando desde años atrás las bases de lo que llamaron el Libro Verde para la Cultura, un documento que buscaba plasmar las ideas de la Declaración de Friburgo sobre derechos colectivos, porque seamos sinceros que acción cultural no se esmera o no busca siempre la colectividad y lo hablo desde mi experiencia.

​Sin embargo, el verdadero "enjuague" técnico ocurrió en la Reunión en Conferencia, un mecanismo parlamentario donde ambas cámaras instalaron mesas de trabajo conjuntas para fusionar cinco iniciativas distintas que estaban congeladas, unificándolas a marchas forzadas en un solo dictamen para evitar que se desecharan pero no se puede olvidar la naturaleza y el origen de esta; que se creó con la urgencia de poder legislar la Secretaría Federal de Cultura que se creó en 2015.

​la promovió una partidocracia necesitada de legitimidad jurídica, utilizando el trabajo técnico de especialistas que llevaban décadas estudiando el tema, cocinada en los pasillos del Congreso de la Unión y aprobada con una prisa que terminó costándole su efectividad práctica hoy la controversia nacional sigue siendo la brecha entre el papel y el recurso económico. Creadores de diversos estados de la República argumentan con frecuencia que las leyes de derechos culturales suelen convertirse en "cartas de buenas intenciones" si no van acompañadas de presupuestos etiquetados y descentralizados que beneficien directamente a la periferia y no solo a los grandes centros urbanos.

En el panorama nacional, un punto álgido de debate en la creación de leyes locales es la propiedad intelectual colectiva. Estados como Oaxaca han tenido que legislar a marchas forzadas para blindar sus conocimientos tradicionales y diseños indígenas contra el plagio de marcas internacionales. El reto para el Edoméx será precisamente generar mecanismos jurídicos reales para defender el patrimonio inmaterial y biocultural de sus cinco pueblos originario.

Uno de los reclamos más recurrentes de la comunidad de teatro y artes plásticas en el país (y que sin duda resonó ayer entre los asistentes en Toluca) es la falta de garantías laborales y seguridad social para los trabajadores del arte. Experiencias en otras latitudes demuestran que una ley moderna debe reconocer al artista no como un hacedor de "entretenimiento", sino como un agente económico y social prioritario.

Para los pintores, hacedores de teatro y gestores locales que acudieron a la cita, el verdadero reto comenzará una vez que los discursos terminen. El consenso generalizado de la comunidad cultural mexiquense es que esta ley debe ser una herramienta viva de intervención urbana y social; un mecanismo que devuelva la palabra a las calles, dignifique el trabajo de los creadores independientes y democratice los espacios públicos. La memoria del Estado de México está en juego, y la comunidad artística ha dejado en claro que no piensa quedarse al margen.