Por: [Ana Moll/ Columna de Opinión]
En el ejercicio del periodismo, la distancia crítica con respecto al poder político no es una opción formal; es la condición mínima de legitimidad. Cuando un medio de comunicación abandona esa distancia para asumir la narrativa del gobierno en turno, deja de informar para convertirse en un instrumento de contención social. El reciente litigio mediático entre el periódico La Jornada y el Movimiento Antorchista es una muestra clara de este fenómeno, pero el problema va mucho más allá de un titular escandaloso o una réplica escatimada: revela un esquema sistemático para desatender las demandas ciudadanas en todos los niveles de gobierno.
El patrón es conocido. Frente a la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades estatales y federales para garantizar servicios básicos —infraestructura escolar, agua potable, vivienda o seguridad en zonas históricamente marginadas—, la respuesta no ha sido el diálogo ni la asignación presupuestal, sino la descalificación de quienes organizan el reclamo.
En este escenario, medios que en el pasado construyeron su reputación desde la trinchera crítica hoy funcionan como caja de resonancia de los discursos oficiales. Al adoptar sin contraste publicaciones difamatorias, testimonios anónimos o ataques dirigidos en redes sociales, la prensa alineada cumple una función clave para el poder: deslegitimar a las organizaciones intermediarias antes de tener que responder por las carencias que estas denuncian.
Esta estrategia no afecta únicamente a Antorcha Campesina ni se limita a un conflicto local en el Estado de México. Se replica a nivel municipal, estatal y federal con colectivos de padres de familia, sindicatos independientes, colectivos de búsqueda y movimientos campesinos en todo el país. La narrativa de "atención directa y sin intermediarios" impulsada desde la cúpula gubernamental ha servido, en los hechos, como justificación para desmantelar las formas de organización comunitaria. Y cuando la comunidad se organiza para exigir lo que por derecho le corresponde, la maquinaria oficial y mediática se activa para etiquetar la protesta como una maniobra de "intereses oscuros".
El riesgo de este modelo es profundo. Al invalidar sistemáticamente a las organizaciones intermedias mediante el estigma periodístico y la propaganda en redes, el Estado no elimina las necesidades de la población; únicamente las deja sin cauce institucional. Mientras las salas de redacción oficialistas celebran la narrativa de la desacreditación, las escuelas en las periferias siguen sin agua, los caminos continúan sin pavimentar y miles de familias descubren que, sin organización, el derecho a la petición ante la autoridad es una simulación.
El verdadero periodismo no está para proteger la imagen de las administraciones ni para avalar juicios de valor sin sustento. Cuando la prensa decide ser escudo del poder en lugar de altavoz de la carencia social, no solo traiciona su función ética, sino que se vuelve cómplice del abandono institucional que sufren millones de
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