Marea Verde Edomex exige pasar de la despenalización al acceso real del aborto en el marco del 28S

📸 Foto: Odette Ortega

Toluca, Estado de México  27 de septiembre de 2026. En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro (28S), la colectiva Marea Verde Estado de México se movilizó en la Alameda de Toluca para fijar su postura sobre el panorama del aborto en la entidad. A pesar de la histórica reforma de diciembre de 2024 al Código Penal estatal que despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, la colectiva señaló que el reconocimiento legal es insuficiente si no va acompañado de un acceso real, gratuito y seguro a los servicios de salud pública.

Durante el encuentro, las activistas enfatizaron que el principal reto actual radica en eliminar la brecha entre el texto legal y la atención médica institucional. Denunciaron que persisten barreras administrativas, geográficas y de infraestructura que afectan de manera desproporcionada a mujeres e identidades gestantes en situación de vulnerabilidad, comunidades rurales e indígenas, y adolescentes. Para solucionar esta problemática, demandaron la urgente armonización de las leyes secundarias, así como la publicación de lineamientos y protocolos estatales uniformes que garanticen la gratuidad, la confidencialidad, el abasto de medicamentos y la capacitación continua del personal médico sin discriminación.

Importancia del pronunciamiento

Transición de la despenalización a la garantía de derechos: Marca una ruta clara sobre los siguientes pasos de la agenda feminista tras el logro jurídico de 2024. El foco ya no está en evitar la criminalización, sino en exigir la infraestructura y los recursos estatales necesarios para el ejercicio pleno de la salud reproductiva.

Visibilización de la brecha de desigualdad territorial y social: Pone en evidencia que la despenalización en papel no garantiza equidad, pues las personas en condiciones de pobreza o en zonas alejadas de los centros urbanos del Estado de México siguen enfrentando dificultades para acceder a procedimientos seguros.

Exigencia de marco normativo secundario y protocolos: Coloca presión sobre las autoridades de salud y el Poder Legislativo local para que dicten reglas claras que eviten la objeción de conciencia arbitraria o criterios contradictorios entre distintas unidades médicas y hospitales.

Énfasis en la educación e información integral: Enmarca el aborto como parte de una política pública integral de salud sexual, exigiendo fortalecer la educación integral en sexualidad, el acceso efectivo a métodos anticonceptivos y la atención diferenciada para adolescentes respetando su autonomía progresiva.