Por: Ana Moll
TOLUCA, Estado de México. Bajo el discurso institucional del
"RECONOCIMIENTO", el Estado vuelve a tropezar con las viejas prácticas del paternalismo y la imposición vertical. Lo ocurrido el pasado 26 de septiembre en las instalaciones de la Escuela Normal Número 1 de Toluca no fue un ejercicio democrático de escucha ni de concertación; fue, según denuncian autoridades tradicionales y pobladores de los pueblos Hñatho (Otomí), Matlatzinca, Nahua y Tlahuica, una simulación burocrática orquestada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
A través de un pronunciamiento público expedido por comunidades originarias del Estado de México, se ha levantado una alerta tajante: la consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos carece de legitimidad, violenta el artículo 2° constitucional y busca institucionalizar un control estatal sobre las decisiones comunitarias.
El evento en Toluca: Simulación, desquórum y manipulación de acuerdos
El encuentro del 26 de septiembre fue convocado para "legitimar" una iniciativa elaborada desde las cúpulas del poder federal (la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el INPI). Sin embargo, el desarrollo de la jornada dejó al descubierto serias irregularidades procesales:
Violación al principio de máxima publicidad:
La convocatoria no fue informada ni difundida ampliamente en las comunidades originarias del Estado de México. Los pobladores, maestros y autoridades tradicionales no contaron con la información en tiempo y forma.
Alteración de relatorías y actas:
Los asistentes denunciaron que las relatorías de las mesas temáticas fueron modificadas por los escribanos y encargados asignados. En las plenarias se intentó imponer una voluntad predeterminada con textos redactados que afirmaban un respaldo total a la ley por parte de los participantes.
Falta de quórum e imposición:
De las 740 personas registradas al inicio de la jornada, al momento de la plenaria únicamente quedaban cerca de 150. Pese a la evidente falta de quórum y la exigencia de voz por parte de las autoridades tradicionales, la representación del INPI encabezada por Juan Carlos Morales López, Director de Área en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos dio por concluida la asamblea de forma unilateral, negando la palabra y declarando supuestos "acuerdos" inexistentes.
Reciclaje de estructuras caciquiles:
Las comunidades señalan que el INPI recurrió a figuras cooptadas o designadas directamente por el gobierno («jefes supremos» y «caporales») para simular el aval comunitario, replicando las mismas prácticas del pasado y despojando de representatividad a las asambleas genuinas.
El trasfondo normativo: Los artículos de la discordia en la propuesta de Ley
El documento del posicionamiento pone el dedo en la llaga sobre el contenido sustantivo de la Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, argumentando que, lejos de garantizar la autonomía, introduce vicios de inconstitucionalidad que restringen los derechos conquistados.
Burocratización de la identidad (Artículos 11 al 20):
"Burocratiza el ser y la conciencia de nuestra identidad como pobladores originarios en sus artículos 11 al 20, al someternos a un proceso burocrático y a un dictamen del INPI para el reconocimiento de nuestra existencia formal, como sujetos de derecho público frente a los poderes de la unión..."
Al el reconocimiento jurídico a un "dictamen técnico" del INPI, la ley supedita la autoadscripción y la existencia de los pueblos a un trámite administrativo estatal, violando el derecho a la libre determinación.
Anulación del Consentimiento Previo, Libre e Informado (Artículos 330, 331, 332 y 333):
"En los artículos 330, 331, 332 y 333 esta ley desecha el principio del consentimiento libre, previo e informado para una consulta, lo cual permite que la autoridad concluya una consulta sin el consentimiento de la comunidad, consentimiento que queda subordinado a la apreciación técnica y al interés público..."
Legalización del despojo por
"Interés Público":
"Si el impacto de una decisión estatal se juzga como 'no significativo', la autoridad 'podrá continuar con la medida' justificándola con un supuesto 'interés público', volviendo innecesarios el consentimiento y la libre determinación. Es así que la esencia de esta propuesta de ley es la de regular a los pueblos indígenas y no las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios."
Este marco normativo abre las puertas al despojo territorial y extractivista. Al calificar administrativamente si un impacto es o no "significativo", el Estado puede brincarse la voluntad de los pueblos y priorizar megaproyectos o concesiones bajo el velo del "interés público".
Reflexión final:
¿Autonomía o regulación estatal?
El reclamo de las comunidades Hñatho, Matlatzinca, Nahua y Tlahuica exige volver al espíritu original del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 169 de la OIT. La consulta celebrada en Toluca no fue un diálogo intercultural de buena fe; fue una validación apresurada para entregar un dictamen al Poder Ejecutivo Federal.
Cuando la ley subordina la palabra comunitaria a la firma de un funcionario burocrático, la consulta se convierte en simulación y el derecho en una herramienta de contención. Los pueblos originarios del Estado de México no piden ser "regulados" ni administrados por instituciones estatales; exigen que el Estado respete su existencia, su territorio y su soberana capacidad de decidir.
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