TOLUCA, Estado de México.– Buscar simplificar la justicia social para las familias de los trabajadores del Estado de México es el objetivo central de la nueva iniciativa presentada en el Congreso local. La propuesta busca que los padres de servidores públicos fallecidos reciban la pensión del ISSEMyM sin la traba de tener que comprobar una dependencia económica de cinco años previos al deceso.
La iniciativa, impulsada por el diputado Valentín Martínez Castillo (Morena) ante la LXII Legislatura mexiquense, plantea reformar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos estatal.
Adiós a la "comprobación imposible"
Actualmente, los padres solo pueden acceder a este beneficio si no hay beneficiarios preferentes (cónyuge, hijos o concubino/a) y si logran demostrale legalmente al instituto que dependían económicamente del trabajador durante el lustro anterior a su muerte.
Sin embargo, en la práctica familiar, el apoyo económico pocas veces deja huella de papel:
"Con frecuencia resulta difícil demostrar una dependencia económica sostenida durante cinco años, porque el apoyo consiste en la compra de medicamentos, pago de servicios, despensa o dinero en efectivo para el diario, sin que existan recibos, contratos o transferencias bancarias que lo comprueben", argumentó el legislador.
¿Cómo queda el orden de prelación (prioridad)?
La reforma no altera el orden de prioridad para la entrega de la pensión, únicamente remueve la barrera administrativa para los padres en caso de que el trabajador no deje beneficiarios directos:
Primer orden: Cónyuge e hijos (menores de 18 años, hasta 25 si estudian, o de cualquier edad con discapacidad física o mental).
Segundo orden: Concubina o concubinario (con comprobación de 5 años de convivencia).
Tercer orden: Padres de la persona servidora pública (A quienes se les eximiría de comprobar la dependencia económica).
Cuarto orden: Otros dependientes económicos que hayan cohabitado con el fallecido por al menos 5 años.
Con este cambio se busca fortalecer el enfoque de derechos humanos en la normativa del Estado de México, evitando que los adultos mayores queden desprotegidos tras la pérdida de sus hijos servidores públicos por culpa del papeleo.
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