Estado de México, 2 de noviembre de 2026
Ciudadanos y practicantes de tradiciones ancestrales presentaron un reclamo formal por escrito dirigido al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al Centro INAH Estado de México y a la administración de la Zona Arqueológica de Malinalco, tras denunciar restricciones injustificadas y agresiones verbales por parte de personal de la institución.
El conflicto pone sobre la mesa una discusión pendiente en el país: la tensión entre la conservación estricta del patrimonio arqueológico y el reconocimiento de los derechos culturales, de identidad y de libertad de culto en espacios que, históricamente, tuvieron funciones ceremoniales.
Entre la memoria histórica y la negativa institucional
En su misiva, los peticionarios recuerdan que el propio INAH reconoce que el conjunto arquitectónico de Malinalco tallado en la roca de la montaña funcionó como un santuario dedicado a deidades bélicas y agrícolas. Bajo este argumento, solicitan que las autoridades reconozcan dicha dimensión espiritual y abran canales de diálogo respetuosos.
Sin embargo, el detonante de la queja formal fue la actitud de un servidor público del sitio, quien presuntamente les negó el acceso con una respuesta despectiva: "Yo soy de aquí y ni conozco mi cultura, pero de todos modos no puedes pasar y háganle como quieran".
Para los afectados, este tipo de expresiones reflejan no solo una falta de sensibilidad y capacitación en la función pública, sino un ejercicio de autoridad arbitrario que vulnera el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución.
El sustento legal: Colisión de derechos
El documento presentado por los ciudadanos se ampara en diversos ordenamientos jurídicos:
- Constitución Mexicana: Se invocan el artículo 1 (prohibición de discriminación por religión u origen étnico), el artículo 4 (derechos culturales), el artículo 8 (derecho de petición), el artículo 24 (libertad de creencia y culto) y el artículo 2, apartado A (derechos de los pueblos indígenas sobre su patrimonio y lugares sagrados).
- Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: Argumenta el derecho a la práctica de ritos sin preferencias y exige que cualquier restricción o prohibición fuera de los templos esté debidamente fundamentada y motivada.
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos: Los solicitantes reconocen la obligación legal de proteger los monumentos, por lo que no exigen un ingreso libre e irrestricto, sino que piden evaluar condiciones técnicas que permitan conciliar la conservación con el respeto a las prácticas espirituales (estableciendo horarios, aforos, ubicaciones y materiales adecuados).
Las demandas ciudadanas
Ante la falta de claridad en las negativas, la petición formal exige a las autoridades cuatro puntos concretos:
- Informar por escrito qué disposiciones normativas regulan o restringen las prácticas ceremoniales en la zona arqueológica.
- Que cualquier negativa institucional esté respaldada por fundamentos jurídicos y razones técnicas claras sobre las actividades específicas.
- Establecer un procedimiento transparente para solicitar ceremonias compatibles con la conservación del sitio.
- Abrir un espacio de diálogo con comunidades indígenas y practicantes de espiritualidades tradicionales.
Hasta el momento, las dependencias aludidas no han emitido una postura pública al respecto. El caso se suma a los múltiples debates en el país sobre cómo equilibrar el derecho del Estado a preservar la riqueza patrimonial con la dignidad, la memoria viva y el derecho de las personas a relacionarse con su herencia cultural y espiritual
El debate continúa: ¿Conservación estricta, nuevos movimientos o burocracia insensible?
Tras la denuncia pública sobre las restricciones en la Zona Arqueológica de Malinalco y la mala atención institucional, la conversación entre lectores, antropólogos y participantes de estos colectivos ha puesto sobre la mesa un debate histórico más amplio.
Por un lado, voces críticas con formación antropológica y experiencia dentro de los grupos de la llamada Mexicayotl señalan que la Ley Federal sobre Monumentos busca fundamentalmente proteger y conservar. Advierten que permitir actividades sin los protocolos ni los trámites correspondientes pone en grave riesgo el patrimonio arqueológico, citando como ejemplo el deterioro sufrido en sitios con libre acceso como El Toloche.
Asimismo, desde el ámbito de la antropología y la etnomusicología —con referentes como Humberto Álvarez—, se cuestiona la validez de clasificar a todas estas expresiones como "tradiciones ancestrales puras e ininterrumpidas". En realidad, gran parte de estas manifestaciones forman parte de nuevos movimientos culturales contemporáneos, donde la danza, los rituales y la música son creaciones o reinterpretaciones de inspiración prehispánica, más que prácticas idénticas a las del México antiguo. Desde esta perspectiva, se sugiere además que algunas denuncias públicas responden a un activismo de redes enfocado en la visibilidad mediática, sabiendo de antemano la rigurosidad de los trámites institucionales.
Sin embargo, quienes apoyan la solicitud ciudadana sostienen que, independientemente del origen histórico o la modernidad de estos movimientos espirituales, el centro del reclamo sigue siendo válido:
La ley no justifica el mal trato: La exigencia de cuidar el patrimonio no faculta a los funcionarios a dar respuestas despectivas ni a actuar con prepotencia.
Derecho a la libre expresión y culto: Las personas tienen derecho a practicar sus creencias y reinterpretaciones identitarias de forma pacífica, requiriendo del INAH reglas claras, transparentes y un procedimiento formal (con aforos, horarios y materiales autorizados) en lugar de una negativa arbitraria de palabra.
TEXTO FIEL DEL DENUNCIANTE
Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Centro INAH Estado de México y a la administración de la Zona Arqueológica de Malinalco:
Asunto: Reclamo por las restricciones al ejercicio de la espiritualidad tradicional y ancestral en Malinalco.
Los lugares sagrados de México tienen una razón de ser. Su ubicación, su arquitectura y sus símbolos expresan una manera de comprender el mundo y de relacionarse con lo sagrado. Su valor también reside en la memoria, la identidad y las prácticas espirituales que inspiran.
En Malinalco, el propio INAH reconoce que el conjunto arqueológico tuvo funciones ceremoniales y que fue un santuario dedicado al culto de deidades bélicas y agrícolas. Por ello, solicito que su administración reconozca esa dimensión espiritual al atender a quienes nos acercamos respetuosamente desde las tradiciones ancestrales de México.
Nuestra libertad de creencia y de culto merece respeto. El artículo 24 de la Constitución protege la participación individual y colectiva en ceremonias y actos de culto, tanto públicos como privados, dentro de los límites legales. El artículo 1 obliga a las autoridades a garantizar los derechos humanos y prohíbe la discriminación por religión u origen étnico. El artículo 4 reconoce el ejercicio de los derechos culturales.
Asimismo, el artículo 2, apartado A, fracciones IV y VIII, reconoce derechos específicos de los pueblos y comunidades indígenas respecto de su patrimonio cultural y de la preservación de sus tierras, incluidos los lugares sagrados declarados por la autoridad competente. Estos derechos deben considerarse cuando resulten aplicables, respetando a las comunidades vinculadas al lugar.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en sus artículos 2 y 3, protege la práctica de ritos y exige una actuación estatal sin preferencias religiosas. Sus artículos 21 y 22 regulan los actos extraordinarios de culto público fuera de los templos y exigen que una prohibición esté fundada y motivada. El aviso previsto en esa ley debe acompañarse del cumplimiento de las disposiciones patrimoniales aplicables.
Reconozco la obligación de proteger y conservar los monumentos arqueológicos conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Precisamente por ello, solicito que se evalúen condiciones que permitan conciliar su conservación con las prácticas espirituales respetuosas del sitio.
Una prohibición general, sin explicar su fundamento ni el riesgo concreto que busca evitar, merece ser revisada.
Por lo anterior, solicito:
1. Que se informe por escrito qué disposiciones regulan o restringen las prácticas ceremoniales en la Zona Arqueológica de Malinalco.
2. Que cualquier negativa identifique su fundamento jurídico, sus razones concretas y las actividades específicas a las que se refiere.
3. Que se establezca un procedimiento claro para solicitar ceremonias compatibles con la conservación, mediante condiciones de horario, aforo, ubicación y materiales.
4. Que se abra un diálogo con las comunidades indígenas vinculadas al sitio y con quienes practicamos espiritualidades tradicionales, respetando sus respectivas voces y derechos.
Presento esta petición de manera pacífica y respetuosa y solicito respuesta escrita conforme al artículo 8 constitucional.
Conservar Malinalco también exige escuchar a quienes encontramos en él una relación viva con lo sagrado. Las piedras merecen protección; la dignidad y las creencias de las personas también.
Adjunto la imagen del ignorante servidor público que se expresó de la siguiente manera: "yo soy de aqui y ni conozco mi cultura, pero de todos modos no puedes pasar y háganle como quieran." ...
Y asi mexicanos defiendan su supuesta soberanía...
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