El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Toluca, encabezado por su presidenta Tania Hurtado Parra, exigió el cese inmediato de lo que calificó como actos de acoso, vigilancia y persecución política por parte de la administración municipal contra la octava regidora, Shantall Zepeda Escobar, y los habitantes de la delegación Independencia. El conflicto escala tras la oposición vecinal a la construcción de bodegas de distribución logística conocidas como de en una zona catalogada como habitacional.
Durante una conferencia de prensa respaldada por la dirigencia tricolor, Zepeda Escobar presentó material fotográfico y videográfico para documentar presuntos actos de intimidación ocurridos el pasado 7 de noviembre. Según el testimonio de la edil, mientras realizaba un recorrido con residentes para documentar el avance de las obras, detectaron a un hombre a bordo de una motocicleta que los fotografiaba de manera insistente. Aunque el sujeto afirmó inicialmente dedicarse al periodismo, la regidora señaló que posteriormente se confirmó su identidad como Héctor Ulises “N”, elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Toluca.
Antecedentes del conflicto urbano y ruta jurídica
El origen de la inconformidad radica en la autorización otorgada a principios de 2025 por el gobierno encabezado por el alcalde Ricardo Moreno Bastida para la edificación de infraestructura logística en la delegación Independencia. De acuerdo con los habitantes y la representación edilicia, el proyecto resulta incompatible con el entorno residencial debido al impacto vial, el deterioro de la infraestructura urbana y los riesgos asociados al tránsito constante de transporte de carga pesada en calles secundarias.
A la disputa urbanística se suma el empantanamiento en los tribunales. Durante la exposición de los hechos, se señaló que el proceso legal promovido para revisar la legalidad de la obra fue suspendido de manera indefinida por determinación de la jueza Amelia Ivonne Mejía Guerrero, quien invocó el criterio de "propiedad industrial". Para la regidora y los afectados, esta resolución restringe el acceso a la información pública del expediente y impide conocer la identidad de los inversionistas y responsables directos del desarrollo privado.
Denuncias ante instancias estatales y municipales
Ante los señalamientos de vigilancia por parte de personal de seguridad pública, Shantall Zepeda anunció que procederá por la vía institucional mediante la presentación de denuncias y quejas formales ante cuatro instancias:
Contraloría Municipal: Para indagar la actuación administrativa y el posible uso indebido de funciones del elemento policial identificado.
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem): Por presuntas vulneraciones a los derechos de libre manifestación, seguridad y participación ciudadana de los vecinos.
Secretaría de las Mujeres: Para determinar si existe violencia política en razón de género en el ejercicio de su cargo como integrante del Cabildo.
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM): Para el deslinde de responsabilidades penales derivadas del presunto hostigamiento y abuso de autoridad.
Por su parte, la dirigencia municipal del PRI advirtió que dará seguimiento puntual a las investigaciones y reiteró su rechazo a cualquier uso de las corporaciones de seguridad con fines de vigilancia hacia actores políticos o movimientos vecinales en la capital mexiquense.
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