ENTRE MONEDEROS Y CARAVANAS VACÍAS: EL DERROCHE MILLONARIO QUE DESANGRA A LA SALUD EN EL EDOMÉX

Por: Ana Moll  arte, palabra y memoria como intervención.

"Mientras las salas de espera de los hospitales públicos en el Estado de México se llenan de rostros cansados, de familias que tienen que empeñar lo poco que tienen para comprar desde una jeringa hasta el medicamento más elemental, las oficinas de la Secretaría de Salud estatal parecen operar en una realidad completamente distinta. Una realidad de escritorios limpios, firmas rápidas y contratos que superan los 1,300 millones de pesos, entregados bajo la sombra de la sospecha y el favoritismo político."

La denuncia no es menor y resuena fuerte en el corazón político de la entidad. Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, ha puesto nombres, apellidos y cifras exactas a lo que califica como una "insensibilidad criminal" por parte de la actual administración mexiquense. En un sistema de salud que agoniza por falta de personal e insumos básicos, la dirigencia priista señala que el gobierno de Morena ha preferido privilegiar los negocios y la triangulación de recursos por encima de la vida de los ciudadanos.

El hilo de la madeja comienza con los trabajadores del propio sector salud. Ruiz Sandoval detalló cómo se ha utilizado a la empresa Broxel S.A. de C.V.  actualmente bajo la lupa de la Secretaría Anticorrupción federal para operar monederos electrónicos. Sin pudor, mediante adjudicaciones directas y cerrando la puerta a cualquier licitación pública o competencia abierta, las autoridades estatales le entregaron cinco contratos entre 2024 y 2025 que suman la friolera de 497 millones de pesos, asegurándole además a la empresa una cómoda comisión del 2.5 por ciento por la operación de un servicio que bien pudo licitarse de forma transparente.

Pero si el manejo del dinero laboral despierta dudas, la estrategia de prevención de enfermedades raya en lo absurdo. La líder del priismo mexiquense reveló que para la campaña de vacunación contra el sarampión se destinaron 194.8 millones de pesos únicamente para la operación logística. Lo irónico, lo verdaderamente lamentable en palabras de la senadora, es que este millonario contrato incluyó choferes, carpas, sillas, folletos, brazaletes y hasta crayones... pero dejó fuera lo más importante: las vacunas físicas. Se gastó una fortuna en el escenario, dejando el tratamiento en el olvido.

La mirada de la dirigencia tricolor también se posó sobre el programa "Caravanas por tu Salud", un proyecto que ha resultado sumamente lucrativo, pero no para los pacientes. Ruiz Sandoval desglosó un contrato de 252.3 millones de pesos destinado a operar únicamente cinco caravanas; es decir, un costo inflado de más de 50 millones de pesos por cada unidad móvil. Detrás de este negocio se encuentra Línea Médica del Sur S.A. de C.V., una empresa originaria de Tabasco que "nació" sospechosamente en diciembre de 2018, apenas unos días después de que Morena asumiera el gobierno federal. Esta misma compañía fue bendecida con otro contrato de 22.7 millones de pesos para rentar seis unidades móviles de detección de enfermedades masculinas, evidenciando un claro entramado de favoritismo hacia proveedores específicos del sur del país.

El catálogo de anomalías expuesto por el PRI estatal no termina ahí. La lista incluye la compra de 133 ventiladores médicos con un sobrecosto estimado en el 80 por ciento, y la misteriosa adquisición de más de 4 mil paneles solares para hospitales que, de manera inverosímil, las autoridades aseguraron haber instalado en un récord imposible de solo cuatro días.

Frente a este escenario de opacidad, Cristina Ruiz Sandoval fue tajante: la salud de las y los mexiquenses no puede ser el negocio de unos cuantos. Por ello, adelantó que el bloque de diputados locales del PRI presentará una solicitud formal ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para exigir auditorías profundas que determinen el tamaño del daño al erario y finquen responsabilidades. En un estado con más de 17 millones de habitantes, donde la infraestructura hospitalaria arrastra un abandono histórico, cada peso desviado a la corrupción se traduce directamente en vidas que no pudieron salvarse.