La Ley Mariana Lima no puede ser letra muerta ante la inercia de la Fiscalía

La memoria no es un adorno institucional ni un trámite burocrático; es una trinchera. En una entidad donde la violencia feminicida no cesa y los índices de impunidad mantienen en vilo a miles de mujeres, la palabra se convierte en el único territorio para sostener la exigencia. La entrada en vigor de la Ley Mariana Lima Buendía en el Estado de México no es una concesión del poder: es el resultado del calvario, la tenacidad y el amor de una madre que se negó a permitir que el nombre de su hija fuera sepultado por la indolencia del Estado.

Sin embargo, las leyes en el papel no frenan los delitos si las instituciones encargadas de procurarla continúan inmóviles. Durante su intervención, Irinea Buendía Cortés fue contundente: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no está haciendo nada efectivo para evitar que los feminicidas sigan cortando vidas. La inacción institucional sigue siendo el terreno fértil donde germina la impunidad. Ninguna madre debería verse obligada a convertirse en investigadora, perito ni abogada; ninguna familia tendría que enfrentar más de 140 audiencias y años de desidia para arrebatarle a la burocracia una sentencia justa.

Ante esta parálisis operativa, el llamado escala directamente a la titular del Ejecutivo estatal. Es indispensable que la gobernadora ejerza la presión institucional y política necesaria sobre la Fiscalía y los órganos de justicia para que esta ley entre en vigor con todas las de la ley, con dientes, presupuesto y vigilancia estricta. La protección y salvaguarda de la integridad de las mujeres a lo largo y ancho de los 125 municipios del Estado de México no puede depender de discursos, sino de una voluntad política firme que obligue a actuar a las autoridades omisas.

La Ley Mariana Lima contempla sanciones de cuatro a diez años de prisión, destitución e inhabilitación para aquellos servidores públicos que incurran en negligencia, corrupción o revictimización. Se trata de una medida que señala directamente la responsabilidad del Estado: cuando las instituciones omiten o dilatan, se convierten en cómplices. Asimismo, exige desempolvar los expedientes congelados para romper esa perversa lógica burocrática donde los casos no se investigan al principio "por ser nuevos" y luego se abandonan "por ser viejos".

Nombrar esta realidad es un acto de memoria activa y de intervención colectiva. Recordar cada obstáculo superado por Irinea Buendía es indispensable para evitar la amnesia de las autoridades en turno. La ley ya está aprobada; hoy le corresponde a la gobernadora y a la ciudadanía vigilar que la Fiscalía cumpla con su deber primario. Ni una madre más en los tribunales haciendo el trabajo del Estado. Ni una sola mujer más arrojada a la incertidumbre o a la violencia en la entidad.