miércoles, 29 de abril de 2026
La danza, una disciplina con condiciones inestables.
El teatro incómodo sigue estando vigente: Pinter en tiempos de silencios locales
martes, 28 de abril de 2026
Dónde el gis se encuentra con el algoritmo: crónica de un aula que no puede quedarse atrás en el Estado de México.
Hay algo profundamente humano en un salón de clases: el murmullo antes de empezar, la libreta abierta como territorio en blanco, el gis que se desgasta mientras alguien intenta explicar el mundo.
En el Congreso mexiquense, entre discursos, votaciones y acuerdos que
suelen parecer lejanos a la vida cotidiana, ocurrió algo que apunta directo a
ese salón. La diputada Lilia Urbina Salazar del Grupo Parlamentario del
PRI, impulsó una reforma que ya fue aprobada: enseñar a convivir con la
inteligencia artificial, pero sin perder la brújula.
No imponerla. No idolatrarla. Aprender a usarla.
Es una premisa sumamente controversial,
dado que las cifras dicen que incluso en el Senado de la República
su uso ha sido indiscriminado
La ley dice - que docentes y estudiantes deberán acercarse a la IA
de forma gradual, ética y responsable, por ahí es dónde la controversia de
lo local alcanza lo nacional e Intrnacional en el tiempo. Como quien se
aproxima al fuego: sabiendo que ilumina, pero también puede quemar.
Detrás de la reforma hay una urgencia que no se dice en voz alta en las
aulas, pero que ya se siente en el aire. El mundo cambió. Y seguirá
cambiando. El Foro Económico Mundial lo puso en cifras: casi la mitad
de las habilidades laborales en México están destinadas a transformarse en
pocos años. Lo que hoy se aprende, mañana puede no alcanzar.
Entonces la pregunta ya no es si la inteligencia artificial entrará al
salón.
La pregunta es: Cómo? de Qué forma? Con qué proceso?
Pero México ya ha estado aquí antes...
Las promesas de modernización han cruzado las escuelas como ráfagas:
computadoras que llegaron sin internet; a mi me tocó parte de ello, no hagan
muchas cuentas, plataformas que nadie enseñó a usar, programas que murieron en
el cambio de administración.
La Secretaría de Educación Pública ha intentado, una y otra vez, acercar la tecnología a las aulas, con resultados desiguales, fragmentados, a veces olvidados en bodegas o en discos duros y obsoletos.
La historia pesa... Y enseña y si no se aprende bien quedamos condenados
a cometer los mismos errores una y otra vez...
Por eso esta vez la apuesta intenta ser distinta: no sólo
introducir herramientas, sino formar criterio. Ojo jamás podrá ser
posible reemplazar al docente, sino acompañarlo. No convertir a la
máquina en autoridad, sino en instrumento para facilitar el conocimiento.
Afuera, el mundo ya discute lo que México apenas empieza a normar...
La UNESCO ha advertido que la inteligencia artificial en la
educación necesita límites claros: ética, inclusión, pensamiento
crítico. Que no todo debe automatizarse, pues automáticamente
estaríamos iniciando una "Rebelión de las máquinas, como lo predecía
Veneigem en el año de 1921 con su obra "La Rebelión de las máquinas o el
pensar desencarnado" en dónde podemos predecir éste pensar
desencarnado con un pensamiento desvinculado de la realidad
humana o al automatismo que lleva a la rebelión. Que aprender también
es dudar, equivocarse, pensar lento.
En otras latitudes, la tecnología ya personaliza clases, responde preguntas, corrige textos. Pero también inquieta:
¿qué pasa cuando la respuesta llega demasiado rápido? ¿qué se pierde cuando ya no es necesario buscar?
De regreso en el aula —en cualquier aula del Estado de México— la escena
sigue siendo la misma, al menos en apariencia...
Una maestra explica. Un alumno escucha a medias. Otro mira por la
ventana.
Y ahora?, quizá, alguien consulta una inteligencia artificial desde su
teléfono o esté desencadenando todo un movimiento.
No hay revolución visible. No todavía!
Lo que hay es una transición silenciosa...
Una en la que el conocimiento ya no sólo se memoriza, sino que se
negocia con una máquina. Una en la que enseñar no será sólo transmitir,
sino también filtrar, cuestionar, resistir.
La reforma ya está escrita. El decreto habla de recursos, de implementación,
de futuro.
Pero el verdadero cambio no ocurrirá en el Congreso.
Ocurrirá —si ocurre— en ese momento íntimo en el que alguien decide no copiar
la respuesta automática, sino entenderla. En el instante en que un docente no
compite contra la tecnología, sino que la domestica.
Porque al final, entre algoritmos y pizarrones, la pregunta sigue siendo
profundamente humana:
¿cómo se enseña a pensar… cuando las máquinas ya saben responder?...
Principales desafíos identificados: Sesgo algorítmico, desplazamiento de empleos, falta de privacidad, responsabilidad legal de los sistemas autónomos y la necesidad de una gobernanza global.
ANTECEDENTES:
Recomendación sobre la Ética en la IA (UNESCO - 2021): Adoptada
por 193 países, este es el primer instrumento normativo mundial que ofrece una
guía ética para el desarrollo responsable de la IA, estableciendo derechos
humanos y privacidad como prioridad
Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA (2024-2025): El
primer tratado internacional vinculante que aborda la IA a lo largo de su ciclo
de vida, enfocado en la transparencia, rendición de cuentas y protección de
derechos humanos
IA en la toma de decisiones internacionales: Se
utiliza IA para el modelado de cambio climático en negociaciones globales y
análisis de datos para ayuda humanitaria en el Consejo de Seguridad
Algorithmic Foreign Policy: Precedentes de
"política exterior algorítmica" donde sistemas de IA influyen en
acuerdos diplomáticos y de seguridad, desafiando las estructuras legales
tradicionales
2Nacionales (México) en Leyes y Justicia
Sentencias con IA (Poder Judicial - 2025): Una resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (Tesis aislada II.2o.C.9 K (11a.)) marcó un hito al establecer estándares éticos y metodológicos para el uso de IA en procesos jurisdiccionales.
Proyectos de Ley (Congreso - 2023-2024): Se han presentado múltiples iniciativas, incluyendo la "Ley Federal que regula la Inteligencia Artificial" (2 de abril, 2024) y la "Ley nacional que regula el uso de la IA" (29 de octubre, 2024), buscando marco regulatorio.
Regulación de la IA y Derechos Humanos: Estudios
académicos y parlamentarios en México enfatizan el sesgo algorítmico y la
privacidad, argumentando que la falta de regulación específica compromete los
derechos fundamentales. [1, 2, 3]
3. Precedentes en Discursos y Comunicación Política
Discursos Generados por IA (IA Generativa): Aumento del uso de herramientas como ChatGPT para la redacción de discursos políticos y comunicados, lo que plantea dilemas sobre la autenticidad y credibilidad de los líderes.
Campaña de Amnistía Internacional (2023): Uso de IA para "cambiar el discurso" de candidatos, colocando en sus bocas argumentos contrarios a sus posturas habituales, como ejercicio de denuncia.
Memes y Deepfakes en la Política: Uso de imágenes generadas por IA para moldear la opinión pública y crear narrativas extremas en redes sociales (ejemplos en Truth Social)
Justicia Predictiva: Herramientas que ayudan a jueces y abogados a predecir sentencias, tasas de reincidencia y analizar grandes volúmenes de documentos, generando debates sobre la "caja negra" legal.
Eficiencia en Gobierno: Implementación de IA para automatizar servicios ciudadanos, seguridad pública y análisis de datos en tiempo real.
domingo, 26 de abril de 2026
Del CCH a Teotihuacán: traducción local de un fenómeno global.
sábado, 25 de abril de 2026
Justicia con identidad… y con memoria pendiente.
jueves, 23 de abril de 2026
Buscan dignificar condiciones de policías; destacan mandos de Toluca en propuesta sobre salud mental.
La diputada local de Morena, Nelly Brígida Rivera Sánchez, presentó una iniciativa para reforzar la salud mental y el bienestar de los elementos de seguridad pública, en un contexto donde el desgaste operativo y emocional de las corporaciones policiales ha alcanzado niveles críticos.
Durante la sesión de la LXII Legislatura del Estado de México, la legisladora planteó reformas a la Ley de Seguridad estatal y a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, con el objetivo de establecer jornadas laborales más humanas, acceso a atención psicológica y la creación de Unidades de Bienestar Psicosocial.
El acto cobró relevancia por la presencia de mandos de la capital mexiquense, entre ellos Jorge Alberto Ayón Monsalve, director general de Seguridad y Protección de Toluca; José Antonio Campa Arredondo, director de Desarrollo Policial, y José Raúl Naveda López-Padilla, titular del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones. Su asistencia subraya el interés institucional del municipio en una agenda que impacta directamente en la operatividad policial local.
Rivera Sánchez advirtió que en 2024 se documentaron 116 suicidios de policías en el país, casi la mitad ocurridos dentro de instalaciones oficiales o con armas de cargo. Además, recordó que entre 2012 y 2018 más de 8 mil 200 elementos reportaron trastornos mentales asociados a su labor.
“La paz pública no puede construirse sobre el desgaste irreversible de quienes la garantizan”, sostuvo.
La iniciativa propone limitar las jornadas operativas a un máximo de 12 horas continuas, así como establecer periodos mínimos de descanso —preferentemente de 24 horas—, en sustitución del esquema predominante de 24 por 24. También contempla atención psicológica gratuita, confidencial y continua, con perspectiva de género y derechos humanos.
Uno de los puntos centrales es la creación de Unidades de Bienestar Psicosocial, que operarían con autonomía técnica y clínica, brindando atención en crisis, seguimiento terapéutico y mecanismos de descompresión tras eventos de alto impacto. En estos casos, los elementos tendrían derecho a 72 horas laborales de recuperación emocional con goce de sueldo.
La propuesta también busca impedir que la atención en salud mental sea utilizada como mecanismo de sanción o exclusión dentro de las corporaciones, un aspecto clave para reducir el estigma entre los elementos.
De aprobarse, los policías serían considerados grupo de atención preferente en materia de salud mental dentro del sistema de seguridad social estatal.
Antecedentes:
La iniciativa se inserta en un contexto nacional marcado por condiciones laborales históricamente precarias en las corporaciones policiales. El modelo de turnos extendidos —principalmente el esquema 24x24— ha sido señalado por especialistas como un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos como estrés postraumático, ansiedad, depresión y burnout.
A nivel federal y estatal, diversos diagnósticos han documentado la falta de acceso a servicios de salud mental especializados para policías, así como la persistencia de estigmas que inhiben la búsqueda de ayuda. En muchos casos, la atención psicológica se asocia erróneamente con debilidad o riesgo de baja laboral.
En el Estado de México, uno de los territorios con mayor densidad poblacional y presión en materia de seguridad, las corporaciones municipales —como la de Toluca— enfrentan retos operativos constantes, lo que hace relevante la presencia de sus mandos en la discusión legislativa.
La participación de autoridades de seguridad de Toluca en la presentación de la iniciativa sugiere un posible alineamiento entre el ámbito legislativo y las estructuras operativas municipales, en un momento en que se busca transitar hacia modelos de seguridad más sostenibles y centrados en el bienestar del personal.
Además, el reconocimiento de los policías como grupo prioritario en salud mental equipara su situación con sectores tradicionalmente vulnerables, lo que podría marcar un precedente en la política pública estatal.
Nota: Ana Moll
Foto: Jorge Alberto Ayón Mosalve
Denuncia reabre debate sobre violencia química mientras avanza su tipificación en el Estado de México.
La discusión sobre la tipificación de la violencia química o ácida en el Estado de México tomó un nuevo impulso esta semana, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos al proceso legislativo, luego de la denuncia pública realizada por la activista Carmen Sánchez durante la Conferencia de Prensa el día de ayer 22 de abril de 2026 en el ya icónico café de las personalidades del Estado de México, Café Biarritz.
Su señalamiento —centrado en la falta de transparencia, la exclusión de colectivas y el riesgo de que las iniciativas pierdan su sentido original— se inserta en un momento clave: mientras instituciones, legisladoras y organizaciones respaldan formalmente la creación de un tipo penal específico, persisten dudas sobre la forma en que estas propuestas están siendo procesadas.
Un día antes de la denuncia, congresistas de la LXII Legislatura mexiquense, junto con activistas, representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos, manifestaron su apoyo a tipificar la violencia química o ácida como delito autónomo, con sanciones más severas para quienes atenten contra la integridad de las mujeres.
Durante el foro “Violencia Química o Ácida: Hacia su reconocimiento, prevención y sanción en el Estado de México”, la diputada Zaira Cedillo subrayó que la entidad debe colocarse a la vanguardia en la defensa de la vida y la integridad de las mujeres, al tiempo que llamó a construir una respuesta institucional “sensible” frente a una de las formas más crueles de violencia.
En ese espacio coincidieron voces clave como la saxofonista y activista María Elena Ríos, impulsora de la llamada “Ley Malena”, así como representantes de la Secretaría de las Mujeres, el sector salud, la Comisión de Derechos Humanos estatal y el Poder Judicial. Todas insistieron en la necesidad de que estas agresiones —cometidas con ácidos, sustancias corrosivas o agentes químicos— sean reconocidas como un delito independiente para evitar su minimización bajo figuras como lesiones simples.
Las iniciativas en discusión plantean sanciones que van desde 20 años de prisión en casos de daño permanente, hasta más de 30 años cuando exista violencia de género. Propuestas adicionales elevan las penas incluso por encima de los 50 años si concurren agravantes como relación con la víctima, ataques en espacios públicos o afectaciones a grupos vulnerables.
Sin embargo, el respaldo institucional contrasta con el clima de controversia que rodea el proceso. La denuncia de Carmen Sánchez apunta a una problemática más amplia: el riesgo de que las reformas sean negociadas sin la participación efectiva de quienes han impulsado históricamente estas luchas.
Ese señalamiento no es aislado. En semanas recientes, el avance de diversas iniciativas en materia de violencia de género ha estado marcado por modificaciones de último momento, falta de claridad en dictámenes y tensiones entre legisladoras, colectivos y autoridades, lo que ha alimentado la percepción de un proceso legislativo opaco.
En este contexto, la discusión sobre la violencia química se convierte en un caso emblemático. Por un lado, refleja avances importantes: el reconocimiento creciente de una forma de violencia extrema, la articulación interinstitucional y la presión social para endurecer sanciones. Por otro, exhibe las fracturas en la construcción de políticas públicas, donde las disputas políticas y los tiempos legislativos pueden diluir demandas urgentes.
Activistas como María Elena Ríos han advertido que este tipo de violencia ya ha sido reconocido en al menos 18 entidades del país, y que a nivel internacional existen precedentes legales en naciones como Colombia, Reino Unido e India. No obstante, también han insistido en que la clave no está solo en legislar, sino en garantizar que las normas respondan realmente a las necesidades de las víctimas.
A ello se suma el diagnóstico institucional: desde 1988 y hasta 2023, organizaciones civiles han documentado al menos 36 casos de mujeres atacadas con sustancias corrosivas en México, una cifra que especialistas consideran subestimada ante la falta de registros oficiales.
Mientras tanto, autoridades del sector salud y de derechos humanos han advertido que la tipificación debe ir acompañada de políticas integrales: atención médica reconstructiva, apoyo psicológico permanente, reparación del daño y registros confiables que permitan dimensionar el problema.
Así, entre el respaldo institucional y la crítica de activistas, el proceso legislativo avanza en un terreno complejo. La denuncia de Carmen Sánchez no solo reabre el debate, sino que coloca en el centro una pregunta de fondo: si el Estado será capaz de traducir estas iniciativas en mecanismos efectivos de justicia, o si quedarán atrapadas en las dinámicas políticas que hoy generan desconfianza.
El desenlace de estas propuestas no solo definirá un nuevo tipo penal, sino también la credibilidad de las instituciones frente a una de las violencias más devastadoras contra las mujeres.
Ana Moll.
miércoles, 22 de abril de 2026
LAS COMISIONES LEGISTATIVAS, APRUEBAN EL REGISTRO PARA PERIODISTAS
Validaron que el listado no represente ningún tipo de colegiación obligatoria o condición para la incorporación al Mecanismo, y solo funcione como instrumento complementario, voluntario y preventivo para agilizar la comunicación en caso de emergencia.
Congresistas de morena, PT y MC resaltaron que esta aprobación representa un avance en la protección de este grupo.
Para brindar protección en casos de emergencia, comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron la creación de un directorio voluntario de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, el cual incluirá datos de contactos designados, casas editoriales, organizaciones, colectivos o medios de comunicación.
El dictamen a las iniciativas que reforman la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos estatal, presentadas por el Grupo Parlamentario de MC —coordinado por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández— y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, puntualiza que el registro lo administrará el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Derechos Humanos, presididas por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), dispusieron también que el listado no represente ningún tipo de colegiación obligatoria o condición para la incorporación al mecanismo, y solo funcione como instrumento complementario, voluntario y preventivo para agilizar la comunicación en caso de emergencia.
Adicionalmente, determinaron que los datos se traten de conformidad con la legislación en materia de protección datos personales aplicable.
El decreto correspondiente, al que dio lectura la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), dispone que las acciones del mecanismo se rijan bajo el principio de garantía del ejercicio periodístico, entendido como el conjunto de condiciones jurídicas, institucionales y materiales que aseguran el ejercicio libre, independiente, seguro y sin injerencias en el periodismo, en beneficio del derecho de la sociedad a la información.
En este sentido, el Estado implementará las mejores prácticas y protocolos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención de este grupo, incluyendo a quienes pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afro mexicanas, de la diversidad sexual, migrantes o cualquier grupo vulnerable, que le sea proporcionado por la Coordinación Ejecutiva del mecanismo.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad, así como las autoridades municipales, publicarán y actualizarán periódicamente un protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad y sus elementos con estas personas.
En la deliberación del decreto, la legisladora Paola Jiménez Hernández (morena) resaltó que se refrenda el mandato al Estado para destinar recursos al mecanismo referido, los cuales se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección.
Al destacar que la reforma se nutrió de consultas al gremio de comunicadores impulsadas por distintas personas en diversos momentos, el parlamentario Octavio Martínez Vargas (morena) apuntó que se robustece la labor periodística. Añadió que la actividad que es valorada, y se pronunció porque ninguna persona de este sector sea censurada o lastimada en su integridad.
Para el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena)el Congreso hace historia con esta aprobación, y señaló que la reforma se alinea con la legislación federal en la materia y abona a la construcción de un Estado de bienestar.
La congresista Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) expuso que legislar para proteger a este sector es asegura el derecho de la sociedad a ser informada, y que, con esta modificación, que pone en el centro a las personas comunicadoras y defensoras de los derechos humanos, se transita de un enfoque tradicional y reactivo de su defensa a uno integral.
Por la bancada de MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes resaltó que esta reforma es un esfuerzo para saldar la deuda histórica con este sector, que requiere la protección del Estado para realizar su labor, y destacó que los protocolos de atención avalados derivan de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal, por la actuación de la policía local contra reporteros y reporteras en la marcha por el 2 de octubre de 2025.
Cabe señalar que, con la reforma, se amplía la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos con apoyo para gastos funerarios, capacitación y formación profesional (orientados a la seguridad, autoprotección y desarrollo profesional), y acceso a programas sociales y servicios de salud.
Igualmente, se fortalece operativamente al Consejo Consultivo del mecanismo con la reducción de sus integrantes (de 13 a nueve). Lo anterior responde a que, por el tamaño y la obligación de contar con una persona suplente por cada integrante, su funcionamiento es limitado.
Aparte, se establecen criterios transparentes y públicos para su nombramiento, y la incorporación de una participación regional equilibrada, que garantice la representación de las distintas regiones y zonas estatales, asegurando que las decisiones se nutran de la experiencia de periodistas y personas defensoras, así como que, en su integración, se atienda la paridad de género.
Se refrenda, por último, que el fondo de recursos a cargo del estado para la operación del mecanismo, se destine exclusivamente a la implementación y operación de las medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección.
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